17 enero 2017
El Popular Investiga

800 grúas, con permiso para asaltar

Por Maribel VELÁZQUEZ |

Finanzas entregó placas a empresas sin verificar autorizaciones; las compañías operan sin regulación ni condiciones adecuadas

Archivo Enfoque | La falta de normas ha derivado en costos excesivos, robo y daños en las unidades.

Robo de autopartes y combustible, daños en los vehículos y cobros excesivos de hasta 20 mil pesos por un arrastre son consecuencia de la falta de regulación en el servicio de grúas en Puebla.

Además, no hay contratos entre las empresas responsables de esta tarea y el gobierno; sólo algunos aspectos se contemplan en la Ley de Ingresos, pero son diversos los vacíos legales.

En la Ley de Ingresos 2016 de la capital poblana sólo se detalló que por “el depósito oficial de vehículos de la Dirección de Tránsito Municipal o en lugares autorizados, por ocupación de espacio, se pagará diariamente” entre 5 y 90 pesos; dependiendo de la unidad. Si es un triciclo, se pide la cantidad más baja, pero si son camiones, autobuses, omnibuses, microbuses, minibuses y tráiler se demanda la más alta. Por arrastre y maniobra del vehículo se cobran desde 400 y hasta mil 477 pesos.

Sin permisos para operar

Los problemas con este servicio no sólo se dan en la ciudad de Puebla; es una situación generalizada en el estado; se estima que en la entidad hay mil unidades para cumplir con estas actividades, pero sólo 20 por ciento cuenta con los permisos correspondientes, así lo dio a conocer el director de Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Balderas Moyano.

Las licencias las tendría que entregar la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y las placas la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), pero el problema se empezó a dar desde que esta última comenzó a entregar placas sin verificar la existencia de una autorización, por lo tanto esta acción se convirtió en una mala costumbre, detalló el especialista.

Después de este desorden, indicó, resulta que las placas para operarlas cayeron en manos de organizaciones como Antorcha Campesina; así se convirtió en un tema político en el que los diputados no han querido entrar. Este grupo tiene presencia en todo el territorio poblano y cuenta con el mayor porcentaje de grúas.

La falta de normas ha derivado en problemáticas que van desde costos excesivos, robo y daños en las unidades, lo cual ya es práctica habitual.

Dañan los autos, bajan refacciones, quitan la gasolina o el diesel, eso es práctica común y obviamente como no hay ante quién reclamar, la gente opta por llevarse su auto y evitarse un vía crucis, tocando puertas para ver quien lo puede defender”, señaló Balderas Moyano.

Ante este panorama dijo que tanto la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) como el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) solicitaron al presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad en el Congreso del estado, Julián Rendón Tapia, abordar esta situación pero no ha hecho nada al respecto.

Mientras las autoridades siguen sin hacer algo al respecto, se llega a cobrar el arrastre de un autobús hasta en más 10 mil pesos, 3 y hasta 5 mil pesos por un auto particular, y también se han dado casos de hasta 20 mil pesos. Los “abusos son impresionantes”, manifestó.

Si se sigue con la misma ambigüedad se beneficia a un sólo grupo y se impacta a todos aquellos que utilizan las vías de comunicación, automovilistas, transporte público, carga, turismo, acotó el director de Corresponsabilidad en el Transporte.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hasta julio de 2016, sólo han recibido tres quejas por cobros excesivos; sin embargo, omitió dar a conocer el nombre de las compañías señaladas, pues el proceso de investigación continúa.

“Regidores no hacen nada”

El coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Iván Galindo Castillejos, declaró que hay un desinterés de los regidores de la capital, pues ante su propuesta de trabajar sobre el tema recibió como respuesta del Cabildo discutir en Comisiones Unidas el Área de Seguridad Pública y Movilidad Urbana, sin que haya más respuesta sobre el tema.

A pesar de ello, sólo en una ocasión hubo una reunión en la que no se generó una solución ante la problemática actual;  hizo un llamado a los presidentes de las comisiones referidas, Guadalupe Arrubarrena García y Adán Domínguez Sánchez.

“El tema de las grúas lo llevamos al Cabildo para regularizar. Lamentablemente en el municipio no existe ningún contrato, convenio, concesión o alguna figura jurídica que regule la actividad de los particulares, específicamente tres empresas para prestar el servicio, puntualizó.

Ayuntamiento con cinco grúas

Galindo Castillejos especificó que el gobierno municipal sólo cuenta con 5 vehículos de arrastre, de los cuales funcionan 3 de manera regular.

Por si fuera poco, el coordinador de la fracción parlamentaria PRI-PVEM dijo que las que sí funcionan no son utilizadas para trasladar las unidades, sólo sirven para cerrar calles cuando se hacen operativos de alcoholímetros o cuando hay manifestaciones.

Aunque las cinco funcionaran, agregó, no serían suficientes para atender la demanda, por lo tanto el gobierno municipal debería comprar más unidades para cumplir esta responsabilidad y así no dejar esta tarea a la iniciativa privada.

Su propuesta, expresó es que, de manera paulatina, el Ayuntamiento compre algunas, de tal forma que al término de la administración se puedan encaminar los trabajos para ya no utilizar las de las empresas privadas.

“Si vamos a seguir con particulares, es necesario hacerlo en condiciones claras, condiciones de ventaja para la ciudad y para el Ayuntamiento, que no haya cobros excesivos, que no haya abusos, como actualmente sucede”, afirmó.

Una de las opciones es que el servicio sea concesionado mediante un proceso de licitación abierto, en el cual participen empresas de todo el país. Hay varios casos de éxito en donde este servicio se da de forma adecuada, indicó.

Fotos: Archivo Enfoque

Señaló que si no se logra llegar a este nivel, por lo menos se debería generar un contrato entre las compañías y el gobierno, en donde se establezca el cobro por kilómetro, se detallen las prestaciones y contraprestaciones, es decir, cuales son las responsabilidades adquiridas, de manera principal si le ocurre algo a la unidad.

Respaldo mínimo

A su vez, Anuar Musalem Valencia, subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), opinó que las empresas de arrastre deberían contar con al menos tres características mínimas para garantizar un buen servicio, pues con regularidad sólo son camionetas pick-up adecuadas con un gancho para arrastrar las unidades.

  1. Las empresas deberían contar con un seguro por daños a terceros por las maniobras que pudieran ocasionar  desperfectos tanto al vehículo que transporta como a algún otro mientras se realiza la actividad, sostuvo.
  2. También deberían tener un permiso mercantil o para la explotación del servicio, éste lo entrega la Secretaría de Infraestructura y Transporte si se desea trabajar en la jurisdicción estatal, dijo.
  3. Otro punto relevante es que cuenten con una serie de condiciones físico-mecánicas especiales, pues algunas como las “amarillas” sólo tienen un gancho para arrastrarlas, cuando se requieren específicamente las de plataforma.

Los modelos 2013 tiene determinadas peculiaridades, por lo que si son llevados por un gancho pueden ser dañados de manera interna, de ahí la importancia de contar con vehículos que desde su diseño fueron concebidas de esta forma, reiteró.

Servicio regulado

Lo ideal es que los gobiernos, estatales o municipales, compren unidades para dar el servicio de traslado, las suficientes tomando en cuenta que al día hay 30 hechos de tránsito y de éstos por lo menos unos 3 van a requerir que los trasladen.

Una unidad de este tipo puede costar desde 1 millón hasta 3 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de vehículo que puede remolcar, consideró Musalem Valencia.

Contando con sus grúas, las autoridades con facilidad pueden crear un tabulador en donde se especifique cuánto cuesta un traslado, una maniobra y un arrastre, concluyó  el subdirector de la AMTM.

Corralones, en las mismas

Este servicio de traslado está vinculado a los corralones, pero éstos tampoco están regularizados. Sólo hay uno oficial en el municipio, ubicado en rancho Colorado, los demás predios están “reconocidos”, añadió el regidor.

“Reconocidos entre comillas”, apuntó, porque no hay un contrato o convenio que regule la actividad, sobre cuáles deberían ser las características del espacio, quién se haría responsable en caso de algún daño.

El surgimiento de los terrenos alternos se dio porque el del municipio ya está hasta el tope y ante ello se decidió dejar que los llevaran a otros tres puntos ubicados en la capital, pero esto también genera abusos, pues no hay normas sobre las responsabilidades de las autoridades.

A Sofía y Raúl se los cargó la grúa

Sofía y Raúl dejaron un vocho estacionado en la avenida 13 Oriente, muy cerca de la arena Puebla y, después de unas horas, cuando estaban a punto de marcharse, se percataron que el auto no arrancaba, al hacer una revisión se percataron sobre la falta de la batería.

Tras este hecho, la pareja llamó a la autoridad para denunciar el hecho, la cual se limitó a decirles que debían llevarse el vehículo con una grúa, pero para evitar la llegada de una de las vinculadas con el Ayuntamiento engañaron a la policía al decir que llegaría la de su seguro.

La grúa que utilizaron Sofía y Raúl les cobró 500 pesos por llevar el vehículo hasta la zona de Plaza Dorada y, para vigilar un buen servicio, se mantuvieron en el coche durante el proceso.

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