Atentado vs el pueblo

De acuerdo con nuestra Carta Magna, los diputados son los representantes de la Nación y, por ello, deben de asegurar el bienestar de sus gobernantes.

Pero en el Congreso local de Puebla pareciera que los legisladores poblanos hacen todo lo contrario, pues desde que inició la administración de Rafael Moreno Valle han fungido como tapete del mandatario y han avalado todas sus propuestas, sin una revisión a fondo ni crítica alguna.

La única oposición -si es que se le puede llamar así-  que en un principio tuvo el actual mandatario fue el diputado José Juan Espinosa, del Movimiento Ciudadano, pero en las últimas semanas se ha vuelto igual o más servicial que el resto de los diputados.

En esta ocasión, el servilismo de los mal llamados representantes del pueblo se tradujo en un claro atentado contra los ciudadanos, pues acaban de avalar, por mayoría de votos, la reforma a la Ley de Seguridad Pública, que autoriza a los exgobernadores de Puebla a acceder a escoltas personales de manera permanente e indefinida gracias a las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública.

Esto generará un costo al erario público de más de 10 millones de pesos; lo cual correrá a cuenta de todos aquellos que, puntualmente, pagan impuestos.

No conformes, avalaron también la Ley del Transporte, que justamente fue enviada por Moreno Valle Rosas. En dicha reforma se incluye al Metrobús como nuevo sistema de traslado colectivo en la entidad y se fija el incremento anual de su tarifa que inicialmente será de 7.50 pesos. Además eliminaron la figura de mototaxis, cuya modalidad fue reemplazada por los “taxis locales”, vehículos compactos de menor costo al resto que existen en el mercado.

Esto, se traduce en que privarán a los ciudadanos de un transporte económico y los obligan a utilizar taxis, cuyos servicios están por arriba de los 15 pesos, mientras que un mototaxi se podría abordar por tan sólo 5 pesos.

Justificaciones tuvieron y muchas, pero en ninguna  de ellas el ciudadano fue el protagonista; la gran afectada, como siempre, fue la economía familiar, que día con día se topa con servicios más caros, pero igual o peor que deficientes.

Sin duda, los legisladores deberían enfocar su trabajo en el desarrollo social, que implica una evolución en las relaciones de una sociedad, para asegurarles bienestar no sólo económico, sino también humano. Su labor debería de ir dirigida, entre muchas otras cosas, a reducir la pobreza, procurar más seguridad y menos violencia; mejorar los servicios de transporte público, así como los niveles de educación, pues lo que Puebla necesita es calidad y no cantidad.

Tal parece que la democracia en Puebla no existe y todas la voces del Congreso están supeditas a un solo hombre, a quien parecer temer y obedecer con sumisión absoluta. Con estas modificaciones a la ley, el único que pierde es el pueblo.

Los legisladores deben afrontar a cualquier persona que busque atentar contra el bienestar de los poblanos, sea el cargo que tenga o el título que ostente, ya que esas personas tienen poder y están en lugar en el que están gracias a los millones de poblanos que votaron por ellos.

O se ponen a legislar o mejor que se vayan, pues en sus curules sólo se ven jóvenes inexpertos que juegan a ser diputados a expensas del pueblo. Juniors sin oficio ni beneficio, que ganan miles de pesos y se protegen con casi igual número que los guaruras que protegerán en breves a éste y a futuros gobernadores. El estado lo que necesita es democracia y no un montón de vasallos, que vivan a expensas del pueblo.