Por una Puebla con igualdad y equidad
1. Promover leyes que garanticen la igualdad salarial y la representación equitativa en todos los niveles de empleo público y privado para mujeres y hombres.
Reforzar el marco legal contra la violencia de género en todas sus formas. Programas de Empoderamiento Femenino: Promover programas de microcréditos y apoyos financieros dirigidos a mujeres emprendedoras. Educación y Sensibilización: Capacitar a funcionarios públicos y agentes de la ley en temas de género y derechos humanos.
Araceli Celestino Rosas ha militado y ocupado cargos en el PRI, tejido alianzas con el exgobernador panista Rafael Moreno Valle e incorporándose posteriormente al lopezobradorismo, cobijada por el Partido del Trabajo.
Este 2024, como diputada federal abandonó su curul y buscó la candidatura a la alcaldía de Tehuacán por la coalición Sigamos Haciendo Historia, pese al despliegue de la millonaria campaña, sólo logró la postulación para la diputación local por el Distrito 25 de Coyomeapan.
Araceli Celestino es identificada por habitantes de Coyomeapan como parte de un cacicazgo desde hace más de 12 años en la Sierra Negra.
Pobladores, activistas e incluso la exdiputada Inés Parra la han señalado de orquestar persecuciones en contra de habitantes y luchadores sociales que encabezaron una movilización contra su esposo, Rodolfo García, a quien rechazaron como alcalde, situación que sumió a la comunidad en un conflicto poselectoral que tuvo como saldo enfrentamientos y pérdida de vidas.
La jornada electoral ese 2021 resultó atroz y violenta, se documentó la presencia de grupos de choque y sicarios que utilizaron armas de fuego con el que hirieron a ciudadanos en las urnas. El saldo fue un homicidio y varios heridos.
Pese a las denuncias, se dio el triunfo al esposo de Araceli Celestino. El conflicto social estalló la noche de las votaciones del 6 de junio de 2021, cuando el movimiento de resistencia Unidad por Coyomeapan, se manifestó abiertamente contra la imposición del edil y en una expresión de hartazgo, pobladores tomaron las instalaciones electorales y municipales. Autoridades criminalizaron el movimiento y liberaron 35 órdenes de aprehensión contra activistas y pobladores, 4 fueron ejecutadas.
Una de las voces que señalaron a los detenidos como presos políticos fue la diputada federal, Inés Parra, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que públicamente y mediante al menos 4 Puntos de Acuerdo, exigió su liberación así como la atención al conflicto poselectoral.
Pero el conflicto tuvo una escalada más álgida.
Habitantes de un pueblo que se organizaba fueron acusados por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta y por las autoridades locales de “violentos” y de ser “antorchistas”, por lo que sufrieron acoso policiaco; el más grave fue registrado el 9 de mayo de 2022, cuando 16 integrantes del movimiento indígena Unidad por Coyomeapan fueron emboscados por medio centenar de policías estatales, entre los cuales había incluso guardias blancas presuntamente contratados por los hermanos Araceli y David Celestino Rosas.
El operativo de uniformados y encapuchados dejaron el saldo de tres indígenas asesinados Marcelo Carrera, Téofilo Barrera y Omar Herrera, este último de 14 años de edad, además de que otros nueve habitantes fueron heridos. La dimensión de este operativo fue comparado con la matanza de Aguas Blancas.
Estos hechos también constan en más de seis Puntos de Acuerdos de la diputada Inés Parra ante la Comisión Permanente, tribuna donde exigió solucionar y atender las violaciones a los derechos humanos en contra de pobladores del municipio de Coyomeapan, en el marco de un conflicto postelectoral.
En uno de ellos pidió iniciar un procedimiento de juicio político contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por el ataque armado de ese 9 de mayo a pobladores de Coyomeapan, además de señalar que desde la Secretaría de Gobernación se interfería en la investigación de los hechos de emboscada, acribillamiento, tortura y asesinato perpetrado por agentes de la policía estatal a su cargo.
La legisladora fue atacada físicamente durante sus pronunciamientos, agresiones por las que, también públicamente, responsabilizó a Araceli y al exalcalde de Coyomeapan, David Celestino.
La persecución también alcanzó a Claudia Martínez Sánchez, directora en Puebla del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos (Conapa) y en ése momento corresponsal de Los Ángeles Press.
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