La seguridad de las mujeres y su participación en la toma de decisiones es un tema fundamental para avanzar como sociedad, es por ello que considero necesario impulsar cambios para asegurarnos que siempre estarán bien y siempre aportarán un punto de vista positivo al interior de nuestra comunidad.
En este sentido, propongo en favor de las mujeres lo siguiente:
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE. RECONOCERÉ EL PAPEL VITAL DE LAS MUJERES COMO AGENTES DE CAMBIO EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES”
Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua y de la Tierra calificaron la gestión de Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, como “corrupta y vergonzosa”.
La organización que mantuvo una resistencia activa contra la contaminación del Relleno Sanitario Intermunicipal de San Pedro Cholula y que logró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara definitivamente el basurero de la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza en este 2024 -por la inadecuada disposición de lixiviados, gas natural y conducción de agua de lluvia, así como la falta de infraestructura para operar realmente como un relleno sanitario- sostuvo que desde el principio de la problemática, la funcionaria ignoró las solicitudes ciudadanas.
Y, pese a las múltiples denuncias, entre ellas las documentadas en el oficio SDUOTIU/DIUGAJ/1652/2024, que revelaban que el basurero había sobrepasado su capacidad en más de 2 hectáreas que operaban sin permisos municipales y sin manifestación de impacto ambiental, Beatriz Manrique permitió el funcionamiento y la continuidad de la contaminación.
Activistas sostuvieron a El Popular, periodismo con causa, que los informes de esta Secretaría sobre la vida útil del Relleno Sanitario y los datos hídricos de la región, documentación a la que tuvieron acceso durante el conflicto, eran imprecisos y mentirosos.
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Por su parte, informes difundidos por el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) señalaron como grave que la gestión de Manrique tuvo como característica el registro histórico del alza de tala y derribo de árboles en el estado de Puebla sin que se implementaran acciones ni preventivas ni reactivas.
El Observatorio señaló el fracaso de la Secretaría en el Plan Estatal de Desarrollo Ciudad Ambiental y atención al Cambio Climático, cuyos Ejes en las Estrategias Transversales fueron incumplidos, por lo que los avances de la dependencia a cargo de Manrique fueron pobres y limitados.
El presupuesto de egresos aprobado y modificado para esa Secretaría en 2024 fue de 276 millones 675 mil 339 pesos; en 2023 fue de 261 millones 647 mil 713 pesos. En 2022, el presupuesto aprobado fue de 140 millones 303 mil 311 pesos, pero fue modificado y ascendió a 191 millones 288 mil 365 pesos.
De acuerdo al último análisis del Igavim, al cierre de 2023 y principios de 2024, sólo se había cumplido el 32 por ciento de las estrategias transversales indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024, el 32 por ciento no se habían cumplido y el 36 por ciento se encontraban en proceso de implementación”.
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Reprobada, así fue la valoración de la gestión de Beatriz Manrique como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, por la Asamblea Social del Agua (ASA).
Defensores del derecho al agua denunciaron que la funcionaria no atendió la situación de Infierno Ambiental del Río Atoyac o de la Cuenca Libres Oriental, luego de abandonar el cargo para participar en los comicios.
Tampoco existió un esfuerzo para enfrentar el tema socio-hídrico y nunca atendió a la ciudadanía que pedía atención, no facilitó ni apoyó la gestión de los Comités Ciudadanos de Agua.
Este medio reproduce un fragmento del análisis del ASA al respecto de la gestión de la ahora diputada.
“En términos de la gestión del agua en el Estado y de su impacto en el medio ambiente el desempeño de la Secretaría dejo mucho que desear ya que tanto CEAS Puebla como el SOAPAP, (que son organismos de los cuales es cabeza de sector), no presentaron informe alguno sobre calidad del agua y su contaminación, en donde si bien a nivel federal, CONAGUA, tiene la responsabilidad de dar las concesiones y asignaciones del agua a empresas y particulares, así como a los municipios para brindar el servicio público del agua, tampoco hubo presencia de su gestión estatal para dar seguimiento al uso y contaminación del agua, especialmente en el caso de las descargas al Atoyac en donde según estudios independientes (Castillo, Loreto, 2024), 300 empresas en su trayecto en el municipio de Puebla contaminan gravemente este, uno de los ríos más importantes en el país, con sus efectos tanto a la salud de la naturaleza como a la de la población. Igual para extender alguna reacción y demanda frente a la contaminación de Granjas Carroll en la Cuenca Libres Oriental, de la cual, a pesar de que las manifestaciones de la población fueron hace meses, apenas la actual secretaría se manifiesta planteando que en Puebla esta empresa no contamina, lo que deja muchas dudas en la opinión pública.
“Otro aspecto a resaltar, es la falta de coordinación de esta secretaría con los otros niveles de gobierno, federal y municipales para garantizar el ciclo del agua y el impacto de la misma en la naturaleza y en donde intervienen instrumentos como los procesos de ordenamiento territorial que incluyen las decisiones de cambio de usos de suelo y que se ven impactados por los desarrollos inmobiliarios, que en muchos casos no toman en cuenta la carga que va a representar en términos del uso de agua y de la calidad de los suelos y de la biodiversidad, lo que constituye otra falla en su gestión.
“También estuvo ausente en su gestión el esfuerzo de unir acciones con los diferentes niveles de gobierno y dependencias para dar seguimiento a los procesos de contaminación con la finalidad de prevenirlos y erradicarlos y en donde la participación ciudadana, de las comunidades, los pueblos originarios, los barrios, las colonias es fundamental para dar seguimiento de cada territorio a estos procesos buscando preservar el ciclo del agua y la salud de la naturaleza y de la sociedad en su conjunto.
“Las organizaciones ciudadanas y comunitarias nunca estuvimos en su agenda ni en la posibilidad de tener un intercambio durante su gestión, por ejemplo para manifestarle los impactos negativos de la privatización en la salud del medio ambiente en nuestro estado”(sic).
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