COMO DIPUTADA LOCAL, MI PRINCIPAL OBJETIVO SERÁ PROMOVER MEDIDAS QUE IMPULSEN LA ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO GLOBAL, GARANTIZANDO LA INCLUSIÓN PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD. PARA LOGRARLO, PROPONDRÉ INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y TECNOLÓGICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y EMPLEO. ASIMISMO, TRABAJARÉ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA SENSIBILIZACIÓN Y EL RESPETO HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO INCLUSIVOS. ES FUNDAMENTAL QUE EL ESTADO GARANTICE EL ACCESO EQUITATIVO A LOS SERVICIOS Y OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CAPACIDADES, Y COMO LEGISLADORA, ME COMPROMETO A DEFENDER ACTIVAMENTE ESTOS PRINCIPIOS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA”
Es un perfil allegado a Eduardo Rivera Pérez, pues fue su compañero en la
LVII Legislatura de 2008 al 2011.
Tanto en la LVII Legislatura como en la actual, la diputada se mantiene al frente de la
Comisión de Atención a Personas con Discapacidad.
La actual Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla debe las más
importantes reformas a la iniciativa presentada por la legisladora en 2008, basada en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -tratado
de la ONU-. La ley modificada entró en vigor en 2009, luego de ser publicada en el
Periódico Oficial.
A Luana Amador también se le debe la separación de la “Comisión de Salud y Grupos con Capacidad Diferenciada”. Tras su gestión operan de manera independiente la “Comisión de Salud” y la “Comisión de Atención a Personas con Discapacidad”.
Hasta antes de la LVII legislatura, la Discapacidad en el Congreso era reducido a un tema
de salud y rehabilitación, la diputada logró que se dimensionara que la ‘capacidad
diferenciada’ es un fenómeno transversal complejo que debía ser abordado a la luz de los
Derechos Humanos.
Una década después, cuando la legisladora volvió al edificio del Congreso (en la calle 5 Poniente) nunca pudo ocupar su oficina, pues las instalaciones no son funcionales para personas con discapacidad.
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