No se trata de aceptar o no la iniciativa contra el bullying del diputado Roberto Zataráin, sino de conocer y aplicar la normativa existente

El acoso escolar hoy en día se ha posicionado como uno de los principales problemas que se interponen en el desarrollo humano de nuestra sociedad, vulnerando la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en nuestro estado y país.

El acoso escolar genera, además, un efecto dominó negativo para el alcance de los objetivos sociales inmersos en las agendas internacionales, nacionales y locales enfocadas a garantizar la seguridad, educación y cultura de paz para dar fin a la pobreza, a la violencia en todos sus contextos y a la desigualdad social.

El futuro de nuestro país se ve comprometido ante actos de normalización de la violencia desde la infancia y la nula cultura de legalidad.

Es importante señalar que el acoso escolar comúnmente conocido como bullying, no es un problema reciente ni tampoco puede categorizarse como un fenómeno social, ya que es resultado de la normalización de la violencia en el ámbito escolar que se ha observado desde hace décadas a causa de un común denominador: la discriminación.

Recientemente, el suicidio del menor Juan Lorenzo de apenas 7 años de edad, originario de la localidad de Ayehualulco del municipio de Zacatlán, a causa del maltrato físico y psicológico persistente que sufría en su entorno escolar, presuntamente derivado de su profesora y de sus compañeros, ha generado una controversia significativa.

Nota relacionada: Mil 360 defunciones por suicidio en Puebla en los últimos 4 años

Especialmente por la Iniciativa de Reforma de Ley en materia de acoso escolar, suicidio y salud mental infantil emitida por el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Roberto Zataráin Leal, quien propone una reforma normativa.

La propuesta implica adecuaciones en la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley de Educación del Estado de Puebla y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, basando la propuesta en la integración de programas permanentes de formación e información sobre igualdad de género, lenguaje incluyente y no sexista, seguridad en la escuela y familia y salud mental.

Además de la implementación de un programa de seguimiento psicológico y trabajo social, se añade multa de una a veinte UMAS, pago de la reparación del daño, cancelación de la matrícula y reubicación del estudiante a todo menor de edad que cause violencia física o psicológica a su compañero o compañera de escuela.

¡Me parte el corazón el suicidio de Juan Lorenzo, un niño de apenas 7 años, el jueves pasado en el municipio de Zacatlán! ? ¡Juan fue víctima de bullying por parte de personal docente y de sus compañeros! Sepan que esta tragedia NO ES un hecho aislado. Tan solo en los últimos 20… pic.twitter.com/P4UdKC5VEK

— Roberto Zataráin Leal (@ZatarainLeal) February 14, 2025

Señala, específicamente, que cuando la violencia la realice, incite o permita un profesor, directivo o autoridad competente, se dará vista a la Fiscalía General del Estado en términos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Para las instituciones educativas, directores, docentes y administradores, en caso de hacer caso omiso a denuncia, queja o conocimiento alguno de violencia, acoso e intimidación, entre las sanciones aplicables se podrá imponer trabajo social, multa de diez a cincuenta UMAS, pago de la reparación del daño, suspensión temporal, destitución y/o inhabilitación.

Si bien la propuesta yace más en un carácter punitivo que correctivo, tomemos en cuenta que el suicidio suscitado este pasado 6 de febrero no es el primero registrado en Puebla, además de los casos de acoso escolar denunciados que van en aumento con el paso de los años.

Esto, sin mencionar la cifra negra y la evolución del fenómeno a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información, dando lugar al ciberacoso y a los retos virales.

Como antecedente es pertinente resaltar la existencia de reglamentos, protocolos y normativas relativas a la prevención del acoso escolar como el documento denominado Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato Escolar en Instituciones Oficiales y Particulares, Dependientes o Incorporadas a la Secretaría de Educación Pública del Estado derivado del Programa Nacional de Convivencia Escolar y en el cual establece responsabilidades y actuaciones para madres, padres, tutores, docentes, personal administrativo, personas que no son docentes pero forman parte del plantel, supervisores y jefes de sector.

Además del Protocolo de prevención y atención a violencia de género en escuelas oficiales y particulares como parte de las acciones vinculadas a la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para del Estado y 50 municipios, incluyendo Zacatlán; dejando en evidencia que el acoso escolar es una de las principales problemáticas que obstaculizan una vida libre de violencia para la comunidad estudiantil.

De la misma manera, antes de enfocarnos en el análisis de la responsabilidad penal y administrativa que advierte la normativa ya existente y de las nuevas propuestas, es imperante reconocer la responsabilidad social que involucra a todas las personas adultas ante todo menor de edad.

La integridad física y psicológica de un menor de edad dentro de las instancias educativas, es responsabilidad conjunta de las autoridades académicas, la familia y la sociedad en general.

El interés superior de la niñez y la adolescencia obedece al reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes (NNA) como titulares de derechos y su consideración de manera primordial con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte, siendo responsabilidad no sólo de los órganos encargados de la procuración del menor, sino de todas las esferas sociales.

Adoptar medidas ajustables a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo integral y estabilidad de todo menor es competencia del núcleo familiar, el entorno sociocultural, del ámbito académico y de los tres niveles de gobierno en todas sus competencias.

Los hechos suscitados recientemente, no muestran más que el desgaste del tejido social y la necesidad de restablecer una estructura social basada en una cultura de legalidad y cultura de paz.

No se trata solo de aceptar o no las reformas propuestas, sino de conocer y aplicar la normativa ya existente a través de programas de formación continua, de concientización y cultura de legalidad.

El acoso escolar no es una travesura o el ejercicio de supervivencia entre menores, es un problema real que condiciona la seguridad de cualquier menor al ejercer su derecho a la educación.