Lunes 03 de Junio de 2013
Ángel Soriano  Once desaparecidos  La decisión de la Delegación Cuauhtémoc de ordenar la verificación de 850 “giros negros” en la ciudad de México luego de la desaparición de 11 tepiteños en uno de ellos es una muestra de sólo cuando ocurren hechos graves, es cuando las autoridades actúan, pero mientras todo marcha sobre ruedas, nadie hace nada de las golpizas y atracos que sufren los clientes en esos lugares. Así ocurrió con el crimen del nieto del luchador social estadunidense Malcom X en Garibaldi: los abusos son legendarios, pero los encargados de la protección de consumidores y turistas “se dan cuenta” hasta que suceden estos hechos lamentables. Lo mismo puede decirse de los abusos de las aerolíneas y sólo cuando una flamante senadora quintanarroense golpea el mostrador y exige un buen servicio que, al serle negado, “descubre” que 1,700 usuarios han sido víctimas de los mismos abusos, y a pesar de ser secretaria de Turismo del Senado, no se había percatado de esto. Si ninguna autoridad del Distrito Federal tiene pistas sobre la desaparición de los 11 jóvenes oriundos del barrio Bravo es porque la delincuencia organizada acumula tanto poder y conoce tan bien los sistemas de seguridad, que puede burlar a las mismas autoridades, al menos que se trate de una artimaña de los jóvenes o un “montaje” para distraer su atención. Y sólo se habla de la Delegación Cuauhtémoc, pero en realidad las acciones de violencia ocurren en todo el Valle de México si no es que en todo el país, en donde las mismas corporaciones policiacas están involucradas, pues conocen a la perfección el funcionamiento de este tipo de lugares y todo tipo de pandillas que giran alrededor de los mismos establecimientos, de sus clientes y trabajadores, que constituyen una amplia red con capacidad suficiente para cometer este tipo de ilícitos burlando a las policías de todos los niveles. Se requiere una veraz información sobre lo que ocurrió en la zona rosa con los jóvenes “levantados”, lo cual no será fácil, toda vez que tras ellos hay una amplia madeja de intereses de todo tipo que permiten el encubrimiento de tan lamentable hecho, del cual, como se ve, las mismas autoridades se niegan a descifrar; ese nivel de poder es el que se maneja en la capital del país. La ausencia de pericia policiaca causa desaliento en la sociedad de la misma manera como ve con decepción el caso del ex gobernador tabasqueño Andrés Grannier, como el del ministro Góngora; como el de la hija del ex titular de la Profeco; como el de la senadora perredista; como la corrupción en la Delegación Coyoacán, que demuestran la corrupción en todos los órdenes de gobierno y en todos los personajes lo mismo que de la administración pública que de la impartición de justicia. La apuesta al paso del tiempo, al olvido o a las salidas cínicas de los funcionarios que tienen la responsabilidad de la seguridad pública en nuestro país, es lo que ha hecho que en nuestro país se pierda la confianza en las instituciones y en quienes están encargadas de las mismas y a que prevalezca, como ocurre en las comunidades rurales, la justicia por la propia mano o la formación de guardias comunitarias. Algo tiene que ocurrir para devolver la confianza ciudadana en nuestro país, de lo contrario sólo seremos espectadores de los atropellos policiacos o de los delincuentes que operan a lo largo y ancho del territorio nacional, convirtiendo a las ciudades en zonas de terror para sus habitantes o visitantes. www.revista-brecha.com vidanacional@yahoo.com