Miércoles 02 Mayo 2012
  • La Guerra de los Tres Años dejó como resultado el deseo de un Emperador en México; mientras, el Congreso de la Unión decretó la suspensión de la deuda externa
 Redacción Parte 3 de 6 La intervención tripartita Por haber desconocido el orden constitucional, Comonfort había sido sustituido, desde el inicio mismo de la Guerra de Tres Años, por Benito Juárez. Pero si, con sostenidos esfuerzos, el régimen del presidente Juárez se iba consolidando en el territorio nacional, en cambio en Europa se iba formando la tormenta que pronto se desataría sobre el país. Desde hacía muchos años, una insignificante, pero activa minoría de emigrados mexicanos, en estrecha relación con cortesanos extranjeros, andaban en busca de un príncipe europeo que viniese a gobernar a la nación. Ya para 1861 habían logrado interesar en la empresa al Emperador de Francia, Napoleón III. Su candidato común al trono de México era el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Les faltaba disfrazar con una capa de legalidad sus verdaderos propósitos. A ello se prestó el llamado hermano del propio Napoleón III, el Duque de Morny, hábil intrigante. En contacto con el banquero suizo Jecker, patrocinó el oneroso crédito que éste hacía exhibir contra México, y logró que Francia lo considerara como suyo. Jecker había adquirido, por sumas irrisorias, una parte de los despreciados bonos de la deuda extranjera mexicana y exigía que se le pagaran multiplicados al infinito. En el cobro de deudas nacionales también estaban interesados Inglaterra y España. La primera no deseaba precisamente la caída del gobierno liberal mexicano, con cuya ideología simpatizaba, sino sencillamente participar en la explotación de los recursos naturales y cobrarse los créditos que, a ella sí, legalmente se le adeudaban. Por su parte, España mostraba su antagonismo al régimen presidido por Juárez y pretendía obtener derechos y privilegios incompatibles con la dignidad del país amenazado. Carente de recursos, el Congreso de la Unión decretó el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de las reclamaciones extranjeras por el plazo de dos años solamente. Los ministros francés e inglés en México, Dubois de Saligny y Charles Wyke, pidieron la inmediata derogación de la ley. Amenazantes, expresaron que si, para el 25 de julio, a las cuatro de la tarde, no era aceptada su petición, quedarían rotas las relaciones. Tan perentoria exigencia fue rechazada y, el día fijado, se declararon concluidas las relaciones y retiradas de las embajadas inglesa y francesa las astas de sus respectivas banderas. Fuerzas extranjeras en México Retirados los embajadores, los gobiernos de Francia, Inglaterra y España acordaron reunirse en Londres para tratar sus reclamaciones contra México. El 31 de octubre de 1861, los plenipotenciarios Flahant, Roussell y Xavier de Istúriz afirmaron que las tres potencias se comprometían a asegurar el pago de sus créditos y a garantizarse el futuro cumplimiento de nuevos compromisos. El convenio, cuya minuta había sido redactada por la cancillería francesa, no hacía referencia a los propósitos encubiertos de agresión armada, y sí, en cambio, hipócritamente, "a no ejercer en los asuntos interiores de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana de elegir y constituir libremente la forma de su gobierno". El gobierno de la República, amenazado, se preparó. Por decreto del Congreso, fechado el 11 de diciembre, el Presidente Juárez pudo disponer de los poderes necesarios para decidir sobre la paz y la guerra, sin más restricción que la de salvar la independencia y la integridad del territorio nacional, la forma de gobierno establecida en la Constitución de 1857, y los principios y leyes de Reforma. El 10 de diciembre llegaron al fondeadero de Antón Lizardo, Veracruz, la escuadra española y los transportes con el primer envío de tropas; y el día 17, sin previa declaración de guerra, fue ocupado el puerto. El 6 de enero de 1862 llegó la escuadra inglesa, y el 7 y 8 los buques de la francesa y tres barcos españoles más. "Al tenerse noticia en la ciudad de Puebla del desembarco de las tropas españolas el pueblo, en tumultuosa manifestación, pidió al gobierno armas para ir a Veracruz a combatirlas. Desgraciadamente, como asienta el cronista Camón, este enardecimiento patriótico degeneró en motín con hechos violentos en contra de los comerciantes españoles establecidos en la ciudad, quienes sufrieron saqueos que terminaron con la intervención enérgica del gobierno”. El general Juan Prim representaba a España, Dubois de Saligny a Francia, y Charles Wyke a Inglaterra. Dirigieron al gobierno mexicano un ultimátum, el cual fue contestado por el ministro de Relaciones Manuel Doblado, invitando a una Conferencia, que se efectuó el 19 de febrero en el pueblo veracruzano de La Soledad. Preliminares de La Soledad De acuerdo con los preliminares ahí firmados por los representantes de las cuatro naciones, las tropas extranjeras deberían quedar estacionadas en Tehuacán, Córdoba y Orizaba, sólo en tanto se celebraban las negociaciones. En el caso de que éstas desgraciadamente, fracasaran, las citadas tropas deberían reconcentrarse en Veracruz. El General en Jefe de las fuerzas mexicanas que formaban el Cuerpo de Ejército de Oriente, Ignacio Zaragoza, en una nota expedida en Jalapa el 26 de febrero, decía: "Si por desgraciado evento se rompieren aquellas negociaciones, y no se obtuviere un desenlace pacífico y satisfactorio para las partes contendientes, tendremos que cumplir como soldados y usar de las armas que nos ha confiado la Nación, repeliendo los agravios que se le infieran, y disputando palmo a palmo de terreno a todo el que se declare su enemigo, librando a la suerte de las armas una decisión que la razón y la justicia debieran pronunciar…”