Los vendedores señalaron que no se les dieron opciones de reubicación, por lo que después de treinta años fueron expulsados Patricia FLORES Corresponsal  TEHUACÁN. Por orden de la Dirección de Supervisión y Establecimientos de Reclusorios fueron desalojadas cuatro casetas que expendían alimentos ubicadas a las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso); a pesar de haber un amparo en dos de los casos éste no fue respetado, los afectados señalaron que desde hace una semana les indicaron que tendrían que irse, pero nunca les dieron una opción de reubicación, a pesar de tener 30 años vendiendo ahí. De acuerdo con la notificación que se les entregó el día miércoles 18 de septiembre, de parte del área de Fomento Comercial y Abasto, la acción obedece a una observación que se hizo al municipio, específicamente a las autoridades del Cereso de parte de la dependencia mencionada, para tener ese espacio libre y que sea creado un primer filtro de seguridad en el estacionamiento del penal, ya que se tiene que reforzar el acceso principal. El documento señala que debe haber una aduana de vehículos “con malla ciclónica y concertina” en el perímetro exterior frontal, para controlar la entrada de visitantes al reclusorio, de modo que exista una mayor seguridad, de acuerdo con el memorándum marcado con el número 269/2010, del 26 de septiembre de 2012 emitido por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. En el mismo papel se establece que se trata de un oficio de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, además de que la Dirección de Fomento Comercial detectó un atraso en el pago de los vendedores de ocho mil 899 pesos, por lo cual se procedía a notificarles que debían retirarse de sus lugares, pese a que algunos tenían hasta 30 años vendiendo ahí. El operativo para desalojar el lugar se prolongó hasta entrada la madrugada, al lugar se presentaron los dueños de las casetas, quienes señalaron que era injusto que les dejaran sin su fuente de trabajo y sustento para sus familias, además de que en ningún momento el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Gerardo González Ramírez, les dio la cara para explicarles la situación y darles una alternativa de reubicación. Aunque al inicio se resistieron, con personal de la Dirección de Fomento Comercial uno a uno fueron vaciándose las casetas en las cuales comían tanto los familiares de los reclusos, como los mismos elementos de Seguridad Pública, en el caso de las dos primeras casetas, los dueños aseguraron que promovieron un amparo ante el Tribunal Décimo de Distrito, por el cual les concedió la suspensión del acto reclamado, es decir el desalojo. A decir de la abogada de los afectados, Clara Gabriela Pérez Ibáñez, se le explicó al municipio el amparo, pero este hizo caso omiso; los principales afectados son de, Obdulia López Contreras y Juventino Pineda Martínez, la primera de ella es la de mayor antigüedad pues lleva 30 años vendiendo en el lugar. Fue ella quien explicó que tan solo la caseta tiene un valor de 20 mil pesos, a lo que se le debe agregar los casi 7 mil pesos de mercancía y los tres mil pesos que le deben algunos de los elementos de Seguridad Pública, pues ella les fiaba la comida y ellos se la pagaban en la quincena. Aparentemente esta acción es en respuesta al aseguramiento de un vendedor de fruta que vendía en el mismo lugar y recientemente fue detenido por autoridades federales por distribución de estupefacientes en fechas recientes. |
TEHUACÁN. Por orden de la Dirección de Supervisión y Establecimientos de Reclusorios fueron desalojadas cuatro casetas que expendían alimentos ubicadas a las afueras del Centro de Readaptación Social (Cereso); a pesar de haber un amparo en dos de los casos éste no fue respetado, los afectados señalaron que desde hace una semana les indicaron que tendrían que irse, pero nunca les dieron una opción de reubicación, a pesar de tener 30 años vendiendo ahí. De acuerdo con la notificación que se les entregó el día miércoles 18 de septiembre, de parte del área de Fomento Comercial y Abasto, la acción obedece a una observación que se hizo al municipio, específicamente a las autoridades del Cereso de parte de la dependencia mencionada, para tener ese espacio libre y que sea creado un primer filtro de seguridad en el estacionamiento del penal, ya que se tiene que reforzar el acceso principal. El documento señala que debe haber una aduana de vehículos “con malla ciclónica y concertina” en el perímetro exterior frontal, para controlar la entrada de visitantes al reclusorio, de modo que exista una mayor seguridad, de acuerdo con el memorándum marcado con el número 269/2010, del 26 de septiembre de 2012 emitido por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. En el mismo papel se establece que se trata de un oficio de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, además de que la Dirección de Fomento Comercial detectó un atraso en el pago de los vendedores de ocho mil 899 pesos, por lo cual se procedía a notificarles que debían retirarse de sus lugares, pese a que algunos tenían hasta 30 años vendiendo ahí. El operativo para desalojar el lugar se prolongó hasta entrada la madrugada, al lugar se presentaron los dueños de las casetas, quienes señalaron que era injusto que les dejaran sin su fuente de trabajo y sustento para sus familias, además de que en ningún momento el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Gerardo González Ramírez, les dio la cara para explicarles la situación y darles una alternativa de reubicación. Aunque al inicio se resistieron, con personal de la Dirección de Fomento Comercial uno a uno fueron vaciándose las casetas en las cuales comían tanto los familiares de los reclusos, como los mismos elementos de Seguridad Pública, en el caso de las dos primeras casetas, los dueños aseguraron que promovieron un amparo ante el Tribunal Décimo de Distrito, por el cual les concedió la suspensión del acto reclamado, es decir el desalojo. A decir de la abogada de los afectados, Clara Gabriela Pérez Ibáñez, se le explicó al municipio el amparo, pero este hizo caso omiso; los principales afectados son de, Obdulia López Contreras y Juventino Pineda Martínez, la primera de ella es la de mayor antigüedad pues lleva 30 años vendiendo en el lugar. Fue ella quien explicó que tan solo la caseta tiene un valor de 20 mil pesos, a lo que se le debe agregar los casi 7 mil pesos de mercancía y los tres mil pesos que le deben algunos de los elementos de Seguridad Pública, pues ella les fiaba la comida y ellos se la pagaban en la quincena. Aparentemente esta acción es en respuesta al aseguramiento de un vendedor de fruta que vendía en el mismo lugar y recientemente fue detenido por autoridades federales por distribución de estupefacientes en fechas recientes.