El municipio de Tehuacán dejó de percibir al menos dos millones de pesos por el conflicto con el gobierno por el manejo catastral, en el cual incluso intervino la suprema corte TEHUACÁN Patricia FLORES Corresponsal  El municipio de Tehuacán perdió más de millón y medio de pesos mensuales derivado del conflicto con el gobierno estatal en cuanto al retiro de Catastro, que duró mes y medio. Sin embargo, el dinero quedó en manos del gobierno del estado, informó el regidor de Gobernación, Abraham Aguilar Sánchez. Durante una asamblea informativa pública, hecha en la explanada del Palacio Municipal, el cuerpo edilicio expuso la situación actual con esa área. Abraham Aguilar Sánchez aseguró que la decisión del estado puso en riesgo proyectos del municipio y la gratuidad de otros, ello afectó a los ciudadanos. La alcaldesa Ernestina Fernández Méndez apuntó que la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es algo que deja claro que la razón asiste al municipio, pero agregó que no está cerrada al diálogo con el estado, aunque aseguró que es la contraparte la que no quiere ceder. Expresó que las condiciones que han puesto para firmar el convenio de colaboración “han sido risibles”, pero de todo, lo más grave es que el gobierno estatal plantee el aumento de los valores catastrales en el municipio a valor real, lo que afectaría a la ciudadanía, pues los cobros se dispararían.  Dijo que el 8 de junio se presentó el documento mediante el que se solicitaba la intervención de la SCJN, con lo cual se logró la suspensión temporal del mandato estatal. Posterior al evento fue cuestionada sobre si hay temor de represalias de parte del gobierno estatal, pero sostuvo que no es una disposición de ellos, sino de alguien superior y lo deben acatar. Afirmó que la idea no era confrontarse con el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, pero era necesario que se defendiera lo que por derecho es de Tehuacán, aunque reconoció que el procedimiento puede llegar a ser muy largo antes de que haya una sentencia definitiva. Agregó que luego de la supervisión se ha invertido en la oficina de Catastro y capacitado al personal, además de comprar nuevas máquinas que ayuden a facilitar y mejorar el servicio; el caso lo lleva el despacho propiedad del síndico Miguel Ángel Romero Calderón, pero a él no se le darán honorarios. Explicó que por ser un funcionario público no tienen que pagarle, no así a Tomás Calderón Alfaro y Miguel Ángel Romero Castillo, primo e hijo del síndico, a quienes se les finiquitarán sus honorarios, aunque aún no han dicho la cifra. |