El gobierno pretende reembolsar parte de las inversiones a los que depositaron sus capitales Miguel HERNÁNDEZ  SÓLO CON los bienes incautados a las empresas Sitma e Invergroup es como se les podrá pagar una parte a los cientos de defraudados; sin embargo, no se tiene una fecha para llegar a un acuerdo, en que abogados de los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, no tienen injerencia en las reuniones. De acuerdo al secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, señaló que de lograrse una negociación con los afectados, ello no exime de responsabilidad alguna a los empresarios mencionados en el delito de fraude. La propuesta del gobierno es venderse las propiedades –terrenos, fraccionamientos y casas- para reembolsarse parte de las inversiones a los que depositaron sus capitales. Se dijo por la autoridad local que los bienes incautados son buenos activos, por los cuales se podría obtenerse recursos importantes para iniciar los pagos, pero que también dependerá de las víctimas si aceptan ese ofrecimiento, con los cuales se han reunido en dos ocasiones para buscar una solución a estos problemas. Las pláticas se han llevado a cabo entre la Alianza Única de Defraudados y la Secretaría General de Gobierno, cuyas partes no pusieron sobre la mesa otorgarse el perdón a los Tiro Moranchel. Manzanilla Prieto reiteró que no se ha tenido acercamiento con los representantes de los dueños de Sitma e Invergroup, presos en el penal de San Miguel. Al ser cuestionado sobre que los abogados de los empresarios defraudadores afirmaron que no hubo delito alguno porque se invirtió el dinero en la compra de bienes, respondió que es ilógica esa postura, pues lo único que se quiere es disfrazarlo como más convenga jurídicamente dentro de la ley. En el caso de Invergroup estafó a mil 248 socios por un monto de 148 millones 500 mil pesos, por lo que la Procuraduría General de Justicia tiene asegurados predios en Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucan e Izúcar de Matamoros. En tanto, Sitma cometió un desfalcó de 900 millones de pesos en perjuicio de 6 mil 600 personas. |