Lunes 19 Marzo 2012
Tlaxcala fue el estado mejor evaluado Miguel HERNÁNDEZ LA COMISIÓN Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó a Puebla en 2010 con 7.6 en la supervisión penitenciaria, al ser evaluados los Centros de Readaptación Social (Cereso) de Tepexi, Ciudad Serdán y el de San Miguel, siendo esté último el que obtuvo baja puntuación de 7.0, con respecto a los dos anteriores, que tienen 8.1 y 7.8, respectivamente. Los resultados de 2011 no se han dado a conocer por este organismo, que promueve el respeto a las garantías individuales. Tlaxcala fue el estado mejor evaluado por la CNDH con un puntaje de 8.6; le siguen Querétaro con 8.56; Jalisco con 8.56; Sonora con 8.28; Tamaulipas con 8.0; Veracruz con 7.8: Puebla y Michoacán con 7.6; Aguascalientes 7.5; Guanajuato 7.4; y Coahuila con 7.1 de calificación. La evaluación a los Ceresos consistió en aplicarse un cuestionario con respecto a 10 temas de importancia que deben cuidarse en estos lugares, como son características de la población, cobros, revisiones, condiciones de reclusión para mujeres; actividades laborales y deportivas, aplicación de sanciones, personal penitenciario, capacitación y reglamento interno. En el caso del penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana, la CNDH informó que tiene una población de 3 mil 488, con una sobrepoblación de 93.78%. El de Tepexi de Rodríguez tiene 998 reos y el Ciudad Serdán con 373. A nivel estatal, se tienen 4 mil 859 presos y con una sobrepoblación del 47.3%. En cuanto a los resultados que evaluó la Comisión Ncional del Sistema Penitenciario poblano, fueron derechos humanos relacionados con la situación jurídica de los internos, donde otorga una calificación de 6.6; en garantías de una estancia digna y segura en prisión le da 7.6; en garantía de su integridad física y moral le da 7.2; y en desarrollo de las actividades productivas y educativas otorga 8.0. Además, en los derechos humanos que garantizan la vinculación social al interno da 8.1; en derechos humanos que tienen que ver con el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones le concede un 7.3 y en cuanto a las garantías de grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias da 8.0.