** Debido a que la Comisión estatal no reveló información acerca del caso de Noé Hernández, juzgado federal pondrá multa económica Carlos ROCHA  El juzgado séptimo de distrito dio un plazo de 24 horas para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Puebla remitiera copia de la queja número 15590/2013-1 en la cual se detalla tortura ejercida hacia un presunto responsable de un homicidio. En caso de no entregar lo solicitado, refirió el juzgado federal, “se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (aproximadamente 6 mil pesos), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 254 de la Ley de la Materia”, según se lee en los acuerdos publicados en la página del Consejo de la Judicatura federal en el expediente 1737/2013. De acuerdo con los abogados de Noé Hernández Hernández, uno de los tres detenidos por el asesinato de un travesti el pasado 8 de noviembre y que acuso haber sido víctima de tortura, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla no había entregado el informe solicitado. El objetivo de tener copia del expediente abierto, según refiere el juzgado, tiene la finalidad de “estar en posibilidad de resolver el presente incidente de suspensión”. CDH clasifica información El pasado 28 de noviembre el primer visitador de la CDH Puebla, Omar Martínez Báez, calificó que la documentación solicitada en primera instancia por Juana Hernández, madre del detenido, es de carácter confidencial. En el oficio PVG/3/269/2013 enviado por la CDH Puebla a la madre del detenido, que promovió un amparo por incomunicación, se detalla que no se podrá emitir la información solicitada hasta que no sea requerida por la autoridad ante la cual deba presentarlas, es decir, el Poder Judicial de la Federación. En justificación el primer visitador general, Omar Martínez Báez, argumentó que en términos del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla “la información o documentación aportada tiene carácter de confidencial”. Ante la confidencialidad de la información de la CDH Puebla, el Poder Judicial solicitó el expediente que hasta el momento permanece en secreto. Médico legista revisará caso El juzgado séptimo de distrito giró instrucciones para que en un plazo de tres días un médico legista acuda al penal de San Miguel para revisar al detenido en el área de los genitales y el ano para emitir una opinión por la denuncia de descargas eléctricas. De acuerdo con número de expediente 1737/2013, el Poder Judicial detalló que se girará oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, solicitándole tenga a bien designar un médico legista. El objetivo según se detalla es que pueda fungir como experto oficial en este asunto. Previo a la auscultación el médico deberá comparecer ante este juzgado en el término de veinticuatro horas aceptar y protestar el cargo conferido, y una vez colmado dicho requisito, asociado del actuario judicial adscrito al juzgado, se constituyan en el lugar en que se encuentra el quejoso y procedan al desahogo de la prueba de mérito en los términos ofrecidos. |
El juzgado séptimo de distrito dio un plazo de 24 horas para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Puebla remitiera copia de la queja número 15590/2013-1 en la cual se detalla tortura ejercida hacia un presunto responsable de un homicidio. En caso de no entregar lo solicitado, refirió el juzgado federal, “se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (aproximadamente 6 mil pesos), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 254 de la Ley de la Materia”, según se lee en los acuerdos publicados en la página del Consejo de la Judicatura federal en el expediente 1737/2013. De acuerdo con los abogados de Noé Hernández Hernández, uno de los tres detenidos por el asesinato de un travesti el pasado 8 de noviembre y que acuso haber sido víctima de tortura, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla no había entregado el informe solicitado. El objetivo de tener copia del expediente abierto, según refiere el juzgado, tiene la finalidad de “estar en posibilidad de resolver el presente incidente de suspensión”. CDH clasifica información El pasado 28 de noviembre el primer visitador de la CDH Puebla, Omar Martínez Báez, calificó que la documentación solicitada en primera instancia por Juana Hernández, madre del detenido, es de carácter confidencial. En el oficio PVG/3/269/2013 enviado por la CDH Puebla a la madre del detenido, que promovió un amparo por incomunicación, se detalla que no se podrá emitir la información solicitada hasta que no sea requerida por la autoridad ante la cual deba presentarlas, es decir, el Poder Judicial de la Federación. En justificación el primer visitador general, Omar Martínez Báez, argumentó que en términos del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla “la información o documentación aportada tiene carácter de confidencial”. Ante la confidencialidad de la información de la CDH Puebla, el Poder Judicial solicitó el expediente que hasta el momento permanece en secreto. Médico legista revisará caso El juzgado séptimo de distrito giró instrucciones para que en un plazo de tres días un médico legista acuda al penal de San Miguel para revisar al detenido en el área de los genitales y el ano para emitir una opinión por la denuncia de descargas eléctricas. De acuerdo con número de expediente 1737/2013, el Poder Judicial detalló que se girará oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, solicitándole tenga a bien designar un médico legista. El objetivo según se detalla es que pueda fungir como experto oficial en este asunto. Previo a la auscultación el médico deberá comparecer ante este juzgado en el término de veinticuatro horas aceptar y protestar el cargo conferido, y una vez colmado dicho requisito, asociado del actuario judicial adscrito al juzgado, se constituyan en el lugar en que se encuentra el quejoso y procedan al desahogo de la prueba de mérito en los términos ofrecidos.