| El padre de uno de los aprehendidos señaló que él también fue víctima de los policías que entraron a su vivienda; la máxima casa de estudios exige actuar conforme a derecho Carlos ROCHA Quedaron formalmente detenidos los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusados de haber participado en los ataques con artefactos explosivos incendiarios el pasado lunes 1 de junio y en el atentado al Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 27 de marzo. Fue alrededor de la medianoche cuando luego de concluir sus declaraciones como presentados el Ministerio Público ordenó la detención formal por encontrar elementos que presuntamente acreditan su vinculación con los actos delictivos. Se espera que este sábado haya reacciones por parte de la comunidad universitaria. Cabe recordar que los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron detenidos entre las 3 y 4 horas de este viernes, al parecer por estar vinculados con los actos vandálicos del pasado lunes donde se activaron artefactos explosivos en las instalaciones del INE, de la delegación de la Secretaría de Economía (SE) y en un paradero de la Línea 1 del Metrobús. Después de 10 horas durante las cuales se desconoció el paradero y el número de jóvenes que habían sido detenidos, compañeros, familiares y maestros de los estudiantes se dieron cita en las instalaciones de Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado para aclarar que fueron siete los sorprendidos de madrugada en sus viviendas por la Policía Ministerial para llevárselos por la fuerza a declarar ante el Ministerio Público. Afuera de la PGJ, entre llanto y desesperación, un estudiante tomó el micrófono y dio los nombres de los detenidos dos mujeres de 23 años y cinco hombres que no rebasan los 25 años: Ana Rosa Colorado, Dulce Carolina Parra Escalona, Axel Jiménez Morillón, Juan Carlos TepoleIxtacua, ÉrikLópez Cruz, CarlosArafath Rosas Burgess y Shariff Guerrero Contreras. Al tomar el micrófono, Miguel Ángel Rosas Burgess, coordinador del Departamento de Desarrollo Sustentable de la BUAP y padre de Carlos Arafath, narró que junto con su hijo él vivió el sometimiento dentro de su propia casa durante tres horas hasta que se llevaron detenido a su vástago. “Entraron. Nos despertaron. Revolvieron toda la casa y al final hasta nos robaron. Se llevaron mi teléfono celular, mi tableta y las computadoras que teníamos en la casa. Insistían en encontrar algo y al final sólo se llevaron unos volantes que mi hijo y yo repartimos porque no estamos de acuerdo con ciertas políticas públicas. ¿Pero qué acaso protestar es un delito?”, cuestionó el padre quien junto con su hijo forma parte del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y que ha documentado más de 130 procesos judiciales en lo que va de la presente administración. El profesor de la BUAP, quien se mantenía adentro de la procuraduría, pero sin poder ver a su hijo, agregó que Arafath estaba siendo interrogado sin la presencia de un abogado y le insistían mucho sobre si tenía conocimientos en pirotecnia. Asimismo, Rosas Burgess reveló que le preguntaban a su hijo dónde se encontraba la madrugada del 27 de marzo, cuando se registró un primer intento de explosión en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). “Le quieren imputar cualquier tipo de delito. Es muy claro que están tomando a los jóvenes como chivos expiatorios. Pueden alcanzar hasta 60 años de cárcel, pues les buscan imputar los delitos de motín y terrorismo”, lamentó. La familia de Ana Rosa Colorado se trasladó desde Veracruz al tener conocimiento de la aprehensión que había sufrido su hija. “Le pedimos consideración a la procuraduría, que nos deje ver a nuestros hijos. No somos de aquí, ellos sólo vinieron a estudiar. No los podemos ver, están incomunicados, no nos informan ni de qué los acusan”, sostuvo la madre de la estudiante acompañada de su esposo. Mientras la lluvia caía y disipaba la improvisada conferencia de medios, un alumno de la carrera de Medicina de la BUAP exigió el respaldo de la universidad y una postura digna del rector. Sin embargo, la máxima casa de estudios poblana se limitó a emitir un boletín donde solicitó a las autoridades que realicen investigaciones con estricto apego a derecho “salvaguardando la integridad física y derechos humanos de los estudiantes” e informó que representantes jurídicos de la institución permanecen al pendiente y en comunicación con las familias de los alumnos. Datos de inteligencia, determinantes Después de 12 horas de la aprehensión de los estudiantes, la PGJ informó en un boletín de prensa que ha realizado diversas investigaciones que han permitido vincular los hechos del 27 de marzo con los ocurridos el 1 de junio de 2015. “De acuerdo con los datos de inteligencia obtenidos, se ha podido establecer la posible participación de varias personas. Con apego a la ley, por una parte se llevaron a cabo cateos ordenados por la autoridad judicial, y al mismo tiempo fueron presentadas ante el Ministerio Público siete personas de quienes se definirá su situación jurídica en un lapso de 48 horas”. Toman rectoría en CU Tras esclarecerse la situación jurídica de los siete jóvenes, un grupo de 20 universitarios simpatizantes de las agrupaciones: Liga Estudiantil Democrática (LED), Frente Estudiantil Educación para Todos (FEET) y Colectivo por Una Educación Popular (Cuep) tomaron cerca de las 16 horas las instalaciones de la rectoría de la BUAP, en Ciudad Universitaria (CU). Encapuchados los estudiantes, hombres y mujeres, solicitaron que las secretarias abandonaran las instalaciones y colocaron lonas donde solicitaban la liberación de sus compañeros. Atrincherados dentro de rectoría, convocaron a una asamblea donde participaron alrededor de 100jóvenes para determinar quéhacer con el edificio que habíasido tomado. Ante el acoso de porros y policías vestidos de civil que poco a poco se acercaban más a la rectoría con la amenaza de desalojarlos, los estudiantes determinaron entregar el inmueble con la advertencia de que lo podrían volver a tomar el próximo martes, después de la jornada electoral y cuando tuvieran una mayor convocatoria. Antes de entregar el edificio, los encapuchados aclararon que no hicieron ningún tipo de pintas ni destrozos para que no se les fuera a culpar de algún delito, como a sus siete compañeros. |
