Martes 29 Diciembre 2015
PAPA Agencia El UniversalGuillermo CASTILLO Los diputados de los partidos Nueva Alianza (Panal) y Compro­miso por Puebla han planteado una reforma para indemnizar al cónyuge que haya abandonado su trabajo para cuidar de la familia, en caso de divorcio. Esta iniciativa busca agregar dos párrafos al artículo 474 del Código Civil de la entidad, para agregar la posibilidad de exigir esta compensación económica; aunque sólo aplicará si el solicitante no es el culpable del vínculo matrimonial. Además, debe demostrar que se ha dedicado a las labores del hogar y por tanto carece de bienes utili­zables para su manutención, y que tiene hijos y debe recibirlos en casa. Esta modificación señala que para fijar la indemnización, el juez que lleva el caso debe tomar en cuenta que la pareja se haya uni­do bajo el régimen de separación de bienes y la edad del solicitante. Además, que haya carencia de bienes, la duración del matrimo­nio, la dedicación “pasada y pre­sente” hacia los hijos, el nivel de preparación escolar del deman­dante y la posibilidad que tenía de haber trabajado para obtener una remuneración. En su justificación, los legisla­dores argumentan que hasta 2011, el trabajo no remunerado en los hogares había alcanzado los tres mil 154 billones de pesos, cifra equivalente a 21.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Lo anterior puede traducirse en una forma de discriminación que no sólo alcanza a las mujeres, pues en la actualidad también hay hombres que se dedican a las labo­res del hogar. No obstante, reconocen que según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), las madres aún son quienes se dedican más a sus familias, con 77 por ciento del total y 22 por ciento los varones. Sólo en 2013 se registraron tres mil 100 divorcios en la entidad; de los cuales, 246 fueron administra­tivos y dos mil 854, judiciales. La edad promedio de los involucrados era 40 años para los hombres y 38 años para las mujeres. En 54 por ciento de los casos, la disolución del vínculo es solicitada por ambos y en un 25 por ciento más, por las mujeres; proporcio­nes que se mantienen al momen­to de resolver los casos.