Viernes 29 Abril 2016
Se contempla la desaparición de la Comisión de Acceso a la Información Pública y su transformación en el Instituto Estatal de Transparencia Carlos ROCHA CAIPEl presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip), Javier Fregoso Sánchez, prefirió omitir el porcentaje de similitud entre la Ley General de Transparencia y la iniciativa que presentó el pasado miércoles el gobernador del estado ante el Congreso local. Fregoso Sánchez dijo que la ley poblana se acerca mucho a la general y para no entrar en detalles destacó las bondades de la iniciativa que tendrá que ser aprobada antes del próximo 5 mayo, un año después de la promulgación de la Ley General. Al término de la sesión el comisionado celebró que se haya eliminado la ratificación del recurso de revisión, que permanecía vigente desde el 2012 y no debía estar. En entrevista explicó que la Comisión tuvo acceso previo a la iniciativa y en ella destacaron cuatro apartados con 48 reactivos, los cuales se cumplieron. “Eran temas muy puntuales y recurrentes para nosotros. Derivado de la promulgación y vigencia de la actual ley de 2012, la ratificación del recurso de revisión, no debía de existir, la prueba de daño, de interés público y las sanciones que no se contemplaban”, dijo. Fregoso consideró que con esos cuatro apartados específicos hay un gran avance, por lo que ahora resta esperar que se haga el decreto de la ley para que la Caip como órgano garante, se coloque en el Sistema Nacional de Transparencia. “Consideramos que en primera instancia en términos generales, es una iniciativa de gran valor. Es una iniciativa que cumple con los requisitos fundamentales de la Ley General de Transparencia. Cumple en mayor cuantía el asunto de la armonización”, defendió Fregoso Sánchez. La iniciativa de ley que se presentó se contempla la desaparición de la Caip y su transformación en el Instituto Estatal de Transparencia (IET), que contará con la posibilidad de amonestar y multar a los sujetos obligados que incumplan con sus obligaciones. Las sanciones irán de 150 a mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 10 mil 956 a 109 mil 560 pesos, además de la posibilidad de emprender otras acciones