En México el uso de recursos públicos es auditable, existen leyes para transparentar sus manejos, y de ser necesario emitir las sanciones correspondientes. Una de las más importantes es la Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción; recalco que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el principal instituto que las impulsó ante el Congreso de la Unión.

Con la entrada en vigor de dichas leyes, ahora todo representante popular y funcionario que se relacione con el ejercicio de recursos públicos está obligado a presentar y transparentar ante la ciudadanía su respectiva rendición de cuentas.

Estoy en favor de que se sancione a quienes hagan actos de corrupción. Pero me opongo tajantemente al uso del poder público, como el Legislativo, como garrote político contra la oposición.

Previo al reciente proceso electoral, en abril, varios presidentes municipales del PRD denunciaron que fueron citados en un restaurante de Puebla. Ahí fueron recibidos por el aún secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, con el propósito de convencerlos para apoyar la candidatura del panista José Antonio Gali Fayad, rumbo a la gubernatura de este estado.

Además, en esa reunión los alcaldes recibieron la advertencia, por parte del funcionario, que de no apoyar a Gali Fayad serían castigados con la no aprobación de sus cuentas públicas. Ante tales amenazas, existen presidentes que se doblegaron: fueron catorce del PRD -que sin renunciar a su afiliación partidaria- se sumaron a esa campaña política.

Pero a los presidentes municipales perredistas, que se negaron a traicionar a su partido, se les ha iniciado procedimiento sancionador desde el Congreso del Estado por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle.

¿Cómo es posible? Ahora resulta que el gobierno del estado está sumamente interesado en observar a detalle las cuentas públicas de un municipio como San Martín Totoltepec, el cual recibe anualmente 872 mil pesos para sus 650 habitantes, pero protege a municipios panistas como San Andrés Cholula, con presupuesto anual de 118 millones de pesos.

La falta de transparencia comienza en la página del Congreso del Estado de Puebla, http://www.congresopuebla.gob.mx/ al no estar la lista de votaciones de la sesión, ni publicados los dictámenes, documentos que tampoco ostentan los diputados, y que al parecer serán revelados hasta que regresen de su periodo vacacional.

Ante reprobables actos, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD exigió cancelar dicho procedimiento político sancionador, además de exhortar a las Instituciones en Puebla actuar bajo la ley y respetar las libertades políticas.

El PRD se ha comprometido en la defensa política y jurídica de los ediles perredistas, pues considera que la dignidad es un valor que se tiene que reconocer.. No permitiremos más atropellos a los derechos de los poblanos por parte de una administración a todas luces autoritaria y represiva que usa la transparencia para sus venganzas políticas.

Nos leemos la próxima semana

@RoxanaLunaP