Después de años de pasividad, varios gobiernos están empezando a elaborar normativas para obtener que las empresas del ramo digital operando en su respectivo territorio paguen un nivel de impuestos más acorde al nivel de ganancias que generan. Sin embargo, es una labor muy ardua, por razones tanto técnicas como políticas.

Son muy notorios los trastornos inducidos en múltiples niveles por aquellas empresas que, en cuestión de pocos años, se han convertido en gigantes de las nuevas tecnologías. Frente a estas transformaciones, los Estados, que de por sí se encontraban cuestionados y retados en su papel tradicional, se han visto impotentes. En el mejor de los casos, supieron aprovechar algunas de las oportunidades generadas por estas nuevas herramientas, pero durante años fueron incapaces de lidiar de forma efectiva con estos actores tan innovadores, móviles y tecnológicamente avanzados.

Estas dificultades fueron especialmente visibles en el ámbito tributario, que además está tan estrechamente vinculado con el ejercicio del poder soberano, en términos tanto prácticos como simbólicos. Las grandes empresas digitales lograron reducir de forma considerable el monto de los impuestos pagados por las riquezas generadas en un país dado: para ello, supieron sacar provecho del carácter inmaterial del servicio proporcionado, de la movilidad de su capital, de abogados fiscales muy bien remunerados y, muchas veces, de un modelo de negocios que no cabía en las casillas de los esquemas tributarios existentes. Tanto así que, el año pasado, en la Unión Europea la tasa de imposición de estos poderosos actores se encontraba 14 puntos porcentuales por debajo del nivel promedio de las Pymes.

Este desbalance se ha vuelto todavía más insoportable en años recientes, conforme las empresas en cuestión han ido rompiendo records de ganancias anuales y se han ido descubriendo los aspectos más turbios de su modelo de negocios, basado en buena parte en la explotación de los datos personales de sus usuarios. La percepción de esta situación como injusta e inaceptable aumentó todavía más en un contexto de austeridad económica, de creciente desigualdad y de demandas sociales más insistentes.

En un mundo globalizado, un reto con estas características solamente se puede abordar de manera satisfactoria por medio de una política diseñada e implementada desde el ámbito multilateral. La OCDE, de la que México es miembro desde hace un cuarto de siglo, está trabajando desde el 2015 sobre un proyecto de estandarización internacional de la imposición de las empresas digitales, en el que a la postre participarían muchos más países que sus 36 miembros. Sin embargo, un proyecto tan complejo, tan ambicioso y con tantos intereses en juego demanda tiempo para concretarse y se estima que las primeras bases del futuro esquema se darán a conocer hasta el 2020. Llevar el proyecto a su fin e implementarlo demandará todavía mucho más tiempo.

Es por este motivo que los gobiernos de varios países han decidido adelantarse para tomar unas medidas mientras esta iniciativa se siga gestando. En la Unión Europea, una propuesta fue presentada en diciembre 2018: el gobierno francés fue quien la impulsó, pero tuvo que reducir su alcance ante las objeciones de varios de los otros Estados miembros.

El proyecto europeo es controversial, entre otras razones porque cambia la forma tradicional de calcular el impuesto: como estas empresas pueden con facilidad declarar utilidades mínimas, los beneficios realizados en un año dejarían de fungir como el valor de referencia: en lugar de ello, se tomarían en cuenta las ventas (turnover) anuales, a las cuales se aplicaría una tasa del tres por ciento.

Una votación sobre este documento está programada para el final del presente mes en Bruselas, pero su eventual aprobación no se puede dar por sentada: por ser un tema de índole fiscal, se requerirá un voto unánime entre todos los miembros de la UE, lo que será muy difícil de conseguir dada la resistencia de países que, hasta el momento, habían logrado atraer a varias de estas empresas a su propio territorio gracias a la aplicación de tasas de imposición muy atractivas. Si hoy tanto Facebook como Google y Twitter tienen su sede en Dublín, Irlanda, no es por gusto a la cultura céltica.

Ante la perspectiva de un posible fracaso, o por lo menos de una demora significativa, en el ámbito europeo, algunos países han decidido aplicar, de manera provisional, medidas similares a nivel nacional: España ya está aplicando una ley bajo esta lógica, Francia acaba de anunciar la suya mientras que el Reino Unido avanzó bastante en su reflexión sobre este tema, esto a pesar de la distracción suscitada por el Brexit.

El mensaje está claro: si bien la divergencia de vistas entre países está posponiendo la implementación de una solución verdaderamente multilateral, mientras tanto otros gobiernos no se están quedando con los brazos cruzados.

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales – [email protected]