Comenzaré diciendo que las palabras, por su uso continuo, por la falta de una correspondencia entre lo que se dice y se hace, se han ido desgastando y perdiendo su verdadero valor y sentido, de manera tal que se ha convertido en un auténtico y real galimatías el descubrir cuál es el verdadero mensaje que encierran las intervenciones o declaraciones públicas de funcionarios y políticos, y el grado de cumplimiento o certeza que encierran sus alocuciones. Así, tenemos que se ha convertido en una verdadera chunga, en una burla hiriente, la toma de protesta de todo tipo de autoridades quienes, sin rubor de ninguna especie, con la mayor sangre fría y con el mayor descaro, adoptando la mejor de sus “poses” y engolando la voz, declaran “cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen”. Al otro día de su ascenso al poder, como si tuvieran como divisa ineludible la necesidad de demostrar la actualidad del dicho, que dice que “cae más pronto un hablador que un ebrio”, inician sus funciones violando precisamente a la Constitución que un día anterior juraron cumplir y hacer cumplir, a sabiendas de que nada ni nadie les exigirá el respeto y cumplimiento a la palabra empeñada. Es éste el origen de gobiernos dictatoriales, abusivos, soberbios, prepotentes y autistas. De ahí la necesidad que tiene el pueblo de exigir que se respete estrictamente lo dicho, tanto para que las palabras recobren su verdadero valor y nos alejemos del peligro de padecer un gobierno dictatorial, como el que sean también una forma de adquirir conciencia de nuestros derechos y obligaciones ciudadanas.

De ahí la importancia de dar su verdadera significación a actos de gobierno que violan el estado de derecho, y de protestar enérgicamente contra esos actos, de los cuales, la mayoría de las veces, no reparamos en ellos o no les damos su verdadera significación, olvidando que nuestra indiferencia muy seguramente permitirá la consolidación de un gobierno autocrático.

Por eso me parece superfluo, intrascendente, ponerse a discutir si el Presidente estuvo o no enterado de la Ley Bonilla, que permitirá a Juan Bonilla Valdez gobernar cinco años a Baja California, y no dos para los que fue elegido; de la cantidad dineraria recibida por los diputados para que la aprobaran y demás detalles que sabrosean la noticia. El pueblo debe preocuparse, y adquirir plena conciencia de que se está violentando la Constitución General de la República; y que esto sucede porque quien, por mandato Constitucional, está obligado a hacerla respetar, finja ignorancia y diga que él nada tuvo que ver en esa decisión. Eso al pueblo de México debe indignarlo. Es una burla sangrienta el que se esgrima ignorancia y no intervención, para no echar para atrás la decisión del Congreso del Estado. Debe intervenir, porque es su obligación, porque así se lo mandata la Constitución, pues, de no hacerlo, demostrará que: está de acuerdo con la violación a la Constitución, que le miente al país y que incumple (o no está capacitado) en hacer respetar nuestra Ley Suprema. Las tres cosas bastante graves, para la preservación de nuestra nación democrática.

Es grave que el gobierno de Tabasco, pasando por encima de la Constitución General de la República, que tutela el derecho de los mexicanos a la libre manifestación y el derecho de organización con fines lícitos, apruebe una ley secundaria que penaliza la protesta pública, con castigos que van de seis a trece años de prisión. Que esto se haga “para evitar que se obstruya la construcción de la refinería de Dos Bocas”, es una cuestión trivial. Si se avizora ese peligro, se debe reflexionar sobre lo correcto o incorrecto de esa decisión y, según la respuesta, enmendar el error o demostrar lo acertado de esa resolución con argumentos irrebatibles, que desarmarán a los probables opositores a dicho proyecto. Seguramente no los hay, y por eso se recurre a actos autoritarios, al abuso de poder, aunque en ello vaya implícita la violación a la Constitución por parte de quienes están obligados a cumplirla y a hacerla cumplir.

Es gravísimo que mediante la aprobación de la Ley Nacional sobre la Extinción de Dominio, se autorice al gobierno de la República a expropiar los bienes de cualquier ciudadano o a venderlos por simple denuncia, y aún antes de corroborar su origen ilícito. Se establece que quien deberá demostrar el origen legal de los bienes a incautar será el propio acusado y no el Ministerio Público, como estaba estatuido en el Código Penal. Este procedimiento viola el principio de presunción de inocencia, atenta contra el derecho de propiedad privada y pone a la ciudadanía a merced de venganzas políticas y de abusos policiacos. ¿Por qué no se ajusta esta ley a los cuatro delitos para los que fue creada y cuyo propósito esencial es combatir la corrupción, el narcotráfico, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito? Porque de lo que se trata es de usar estos objetivos, para construir un instrumento legal que permita al gobierno usarlo como garrote político contra los opositores a la Cuarta Transformación. La incorporación de más de 250 delitos sujetos a castigo, así lo demuestra. ¿Que se viola la Constitución? No importa. ¿Que se atropella el derecho? Las leyes se hicieron para violarlas. Ésa es su consigna. ¿Que se vulneran los derechos civiles, legales y humanos? La conservación del poder lo justifica todo.

Aún hay muchos casos de éstos, que sería largo enumerar; pero creo que los citados son suficientes para demostrar que las palabras en labios de malos políticos han perdido su verdadero significado; que, por tanto, no debemos creerles ni confiar en su retórica, que debemos analizar sus acciones y no sólo sus palabras, para poder caracterizar con cierto grado de certeza, la clase de individuo que nos gobiernan y concluir que sólo el pueblo es el gran reservorio de honradez, sinceridad, limpieza, respeto y cumplimiento de nuestras leyes. A él y sólo a él debemos creerle y hacerlo usufructuario del poder de la nación. Esa es nuestra tarea.