Inseguridad y tramitología, principales problemas de la región: Concamin
El empresario Francisco Cervantes Díaz aseguró que la zona de Puebla y otros estados es por demás insegura
El presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, aseguró que uno de los principales retos para el desarrollo de la región Sur-sureste del país es la inseguridad. “Los niveles de inseguridad en el sector del transporte son muy altos, los más altos del país y no solamente en Puebla sino hasta Veracruz”, dijo el empresario en conferencia de prensa con motivo de la Sesión Plenaria de la Agenda Estratégica Sur-sureste que se celebra en la capital del estado. Esto a pesar de que los industriales mexicanos ya trabajan de cerca con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. “México-Puebla-Veracruz, y también Tlaxcala, son un círculo o triángulo de mal que le llaman.” Puedes leer: Puebla, la puerta de entrada al Sur-sureste: Olivia Salomón A decir de Cervantes Díaz, no es necesario endurecer la estrategia de seguridad, sino trabajar con el sistema de procuración y administración de justicia, ampliando las denuncias ciudadanas que sirvan de constancia para poder exigir más a las autoridades. El presidente de la Concamin incluso mencionó el caso del tianguis de San Martín Texmelucan como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la impunidad en la región. “Tenemos que combatir ese tema de ilegalidad porque también le hace mal a la industria, y a la nación.” En ese sentido, explicó, la recién creada Guardia Nacional juega un papel relevante, sin embargo, reconoció que sus elementos y capacidad de despliegue aún son insuficientes. Respecto de los abusos de los gobiernos municipales que aprovechan el exceso de regulaciones al sector industrial, Francisco Cervantes compartió lo expresado en días pasados por la Coparmex de Puebla. Pues reiteró que algunos ayuntamientos atentan contra las inversiones en la entidad, específicamente por el cobro desproporcionado por licencias de uso de suelo y otras prácticas que lastiman la productividad y competitividad estatales.
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