5 mil familias afectadas por extorsión de ejidales en Romero Vargas
Denuncian a grupos ejidales por extorsiones en 5 colonias que no están regularizadas
Dos comisariados ejidales de la junta auxiliar de Romero Vargas, se están aprovechando de la falta de regularización de 5 colonias para extorsionar a 5 mil familias con cobros indebidos por el uso de predios comerciales y habitacionales. Uno de los grupos, pertenece a la familia Vera Báez, exigen cobros de 6 mil y hasta 5 millones de pesos por los asentamientos del lugar. Son más de 25 mil familias que habitan las colonias Santa Cruz Buenavista, La Loma, La Cañada, Guadalupe y Alberto de la Fuente, mismas que se ven afectadas porque ninguna instancia federal, estatal o municipal ha regularizado estas demarcaciones. En conferencia de prensa, Juan de Dios Rosales, secretario del Comité Pro Regularización del Ejido Romero Vargas, denunció que son al menos 200 hectáreas las que el comisariado ejidal controla para cobrar cuotas ilegales. Indicó que mediante amenazas y grupos de choque contratados por la familia Vera Báez, obligan a los ciudadanos a pagar, de lo contrario, interponen denuncias en su contra para despojarlos de sus propiedades. También lee: Este año el municipio de Puebla llegará a 200 alertamientos sísmicosDetalló que estos personajes, llegan a cobrar desde 500 hasta 6 mil pesos si se trata de un asentamiento habitacional, sin embargo, si son empresas o comercios los cobros van de los 500 mil y hasta 5 millones de pesos. “Estamos cansados de los abusos de los dos grupos que se disputan este coto de poder. La intención es hacer dinero a costa de las 5 mil familias que habitan estas colonias y si no acceden a sus extorsiones, simplemente los despojan de sus propiedades”. En este este sentido, el representante de los afectados, afirmó que por falta de certeza jurídica al no estar regularizadas las colonias, estos grupos se aprovechan de ello para entregar minutas ejidales a costa de cobros. “Ya no hay terrenos catalogados como ejido. Pero quiere este grupo aprovechar la falta de regularización para obtener dinero mediante extorsiones cobrando por metro cuadrado 100 pesos cuando ya no tienen esa facultad”. Por lo anterior, exigieron al gobierno federal a través de instancias como la Comisión Nacional para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Procuraduría Agraria, así como al gobierno estatal y al Ayuntamiento de Puebla, la restitución de los terrenos para que sean regularizados a favor de las autoridades. De no hacerlo, de manera inmediata, consideró que hay un riesgo grave de generarse un enfrentamiento violento entre los vecinos y quienes se apropiaron del poder en la junta auxiliar.
La junta auxiliar de Romero Vargas está conformada por 350 hectáreas de terreno, en 23 años solo se han regularizado 150 de ellas y 200 más son irregulares |