Un juez federal en el estado de México, concedió dos suspensiones a padres de familia, que ordenan al gobierno federal modificar la política de vacunación contra el Covid-19, para innocular a menores de 12 a 17 años, sin importar su condición de salud.

El juez Séptimo de Distrito en el Estado de México destacó que los niños y adolescentes del país deben ser considerados población vulnerable al Covid-19 en su variante Delta debido a que no han sido vacunados y a que con el regreso a clases están más expuestos.

Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por dos particulares, debe tener efectos generales, ya que el Juzgado argumentó que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud y advirtió que el desabasto de la vacuna Pfizer no puede considerarse una justificación para no cumplir con la suspensión.

Por lo que concedió una suspensión definitiva para que las autoridades sanitarias incluyan a los menores de 18 años en la política y comiencen a vacunarlos contra el Covid-19. Dio un plazo de 48 horas al Gobierno Federal para que se comience a vacunar a todos los menores con la vacuna de Pfizer-BioNTech.

“Si bien se advierte que el regreso a las aulas es voluntario; igualmente cierto es que, ese aspecto no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la ‘Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México’, a menores de dieciocho años”, señaló el juzgador.

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“No debe perderse de vista que por las diferencias demográficas y socioeconómicas que imperan en el país, la movilidad de los menores que acudan de manera presencial a las aulas se puede presentar de diversas formas (a pie, en transporte particular, transporte público, transporte escolar, etcétera), lo que de suyo implica que en su mayoría tengan contacto con personas de diversas edades (adultos) que si bien pueden tener el esquema de vacunación completo, ello no es indicativo o sinónimo de inmunidad ante el virus, lo que incrementa el riesgo de contagio para los infantes y adolescentes, que al no estar inoculados pone el riesgo su salud hasta el grado de perder la vida”, añadió.

De acuerdo con el censo de población, la medida estaría beneficiando a unos 10 millones de personas de entre 12 y 17 años.

Sin embargo, el gobierno federal puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado, quien resolverá si confirma, modifica o revoca las suspensiones.

Hasta ahora, el gobierno federal y los gobiernos estatales han vacunado solo a aquellos niños y adolescentes con padecimientos graves, quienes han promovido amparos y obtenido suspensiones judiciales.