Proceso exhibe acoso de la prensa por parte de Miguel Barbosa

GABRIELA HERNÁNDEZ

El 21 de junio de 2019, ya ganada la elección extraordinaria y a unos días de asumir el cargo, el hoy gobernador Miguel Barbosa Huerta se despidió como colaborador de El Popular, único periódico que mantuvo la publicación de su columna cuando el resto de los medios, afines al morenovallismo, lo vetaron.

"Tengo muy presente que, en los momentos más adversos y complicados de toda esta coyuntura política, El Popular se mantuvo como un espacio abierto y plural. El Popular es sin duda una pieza clave en la libertad de expresión en Puebla, y así estoy seguro que seguirá siendo", escribió Barbosa en su última colaboración, que tituló "Gracias".

Dos años después de este agradecimiento, Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular, acusa al mandatario poblano de haber emprendido una campaña para orillar al cierre a ese medio informativo y, en la "total incongruencia", lo hace por las razones que antes enalteció: por ser una publicación abierta, plural, y por seguir una línea periodística independiente.

Lo mismo ocurre con el periódico digital e-consulta, que fue el primero en abrirle espacio a las columnas de Barbosa y dio cobertura a su campaña por la gubernatura en 2018, cuando la mayoría de los medios poblanos emprendieron una "guerra sucia" contra el experredista, auspiciados por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle.

El pasado lunes 22, e-consulta y El Popular, con el respaldo de otros medios informativos del país, de periodistas y organizaciones sociales, publicaron un desplegado en el que dan cuenta de la nueva embestida que desató el mandatario poblano para tratar de acallarlos.

Primero, el jueves 4 un columnista publicó que la Fiscalía General de Puebla había recibido una denuncia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado (SPFE), contra la directora de El Popular por el delito de lavado de dinero. Hasta la fecha no hay indicios de que eso exista.

Sin embargo, una semana después, el miércoles 10, tanto Fernández Galindo como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, fueron notificados de auditorías que emprendería la SPFE. Como si fuera "copiar y pegar", a ambos periodistas les fue requerida la misma información: 25 desgloses como empresas y 23 más como personas físicas.

A El Popular le exigen los años 2019 y 2020, mientras que a e-consulta 2018 y 2019. Además de pedirles todo tipo de información contable, de inmuebles, vehículos y bienes de las razones sociales, el gobierno de Puebla pide informes detallados de propiedades, carros, préstamos, créditos, contratos, patentes y hasta estados de cuenta originales y saldos en banco a nombre de los periodistas.

La dependencia dio un plazo de 15 días naturales (que vencieron el viernes 26) para entregar toda la información y advirtió que, de no hacerlo, los medios podrán recibir sanciones económicas, embargos, y se podría usar la fuerza pública para exigir su cumplimiento.

Boicot

En entrevista, Rodolfo Ruiz dice que a todas luces estas revisiones son auditorías "por consigna" que buscan elementos para desaparecer esos dos medios, los cuales publican en sus páginas investigaciones periodísticas que cuestionan pendientes del gobierno estatal, revelan casos de corrupción o dan espacio a actores que el gobernador considera sus enemigos.

Ambos portales se encuentran entre los más leídos de Puebla y han mantenido una línea editorial crítica desde los gobiernos del priista Mario Marín Torres y del panista Rafael Moreno Valle, que también les negaron contratos publicitarios. Y aunque al actual mandatario morenista le molestan las comparaciones, tanto Ruiz como Fernández Galindo consideran que Barbosa ha resultado más persecutor y controlador que sus antecesores, considerados autoritarios. "No es igual, es peor", recalca Rodolfo Ruiz.

Además del boicot económico, los dos medios advierten que el gobierno les ha impuesto un veto informativo: no los convoca a giras ni a ruedas de prensa y a sus reporteros no los dejan preguntar en las conferencias diarias de Barbosa. Aparte, funcionarios y políticos cercanos al mandatario les han dicho que tienen prohibido otorgar entrevistas a esos portales.

En sus "mañaneras", Barbosa ha calificado a e-consulta de "pasquín electrónico" y a Ruiz como alguien "fanatizado". A los reporteros de ese medio los ha regañado públicamente y acusado de "rentarse" para golpear con sus preguntas. A esto se suman, agrega Ruiz, las 21 demandas contra el periodista, el medio y un extrabajador -siete a cada uno- vigentes desde 2020 y presentadas por funcionarios estatales y políticos cercanos al gobernador por supuesto daño moral, en las que reclaman indemnizaciones por 37 millones de pesos.

De oídas

Ruiz dice que el encono de Barbosa contra él surgió durante las elecciones extraordinarias de 2019, cuando el hoy mandatario buscaba repetir como candidato de Morena. El periodista publicó en su columna "La Corte de los Milagros" los resultados de la encuesta que realizó Morena en 2018 para definir a su candidato. Si bien ese sondeo ubicaba a Barbosa como el más conocido, no obtenía el mejor puntaje en imagen positiva ante los electores, por lo que el columnista propuso que la nueva consulta se hiciera pública.

El periodista añade que en esos comicios también tuvo desencuentros con Verónica Vélez Macuil, vocera de Barbosa, quien le pidió que cambiara a la reportera asignada para cubrir la campaña, a lo cual él se negó.

El problema de fondo del gobierno, sostiene Ruiz, es que Barbosa es un mandatario mal informado, ya que "por la propia limitación física que tiene, que le impide ver documentos, se informa de oídas y, así, hay colaboradores que le dicen lo que quieren y como quieren". Y considera que actualmente el mandatario retomó su campaña contra ambos medios digitales, en principio, porque han resistido el boicot económico y la pandemia, y después, porque ambos publican notas que lo incomodan.

En sus columnas, Ruiz ha detonado recientemente temas como la asignación directa de contratos a Corporativo Kosmos -empresa acusada de entregar sobornos y usar factureras- para surtir alimentos a diversas dependencias estatales, o el caso de la Intecproof, que incumplió la meta de 380 mil fotomultas mensuales y, aun así, el gobierno estatal le paga 21 millones de pesos al mes.

El director de e-consulta pide a Artículo 19, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo de Defensa de Periodistas, entre otras instancias, que se mantengan atentas a lo que ocurre en Puebla y tomen "cartas en el asunto", para que las acciones de Barbosa no prosperen.

Amigos

Carolina Fernández recuerda el día que Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del gobierno de Puebla, le comunicó a principios de 2020 que no contratarían publicidad con ese medio. "No vamos a renovar contrato, porque tú decidiste quiénes son tus amigos y tus amigos no son los amigos del gobernador", le dijo la funcionaria.

Fue claro que el "castigo" se refería a que El Popular publicó la columna de Rodolfo Ruiz e hizo convenios publicitarios con el entonces rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, y con la alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Además le publicó columnas al exdiputado federal Fernando Manzanilla y al exlegislador local José Juan Espinosa, todos ellos ubicados por Barbosa como parte de la "banda de los conejos", a quienes acusa de boicotear su gobierno.

La periodista dice que resulta incongruente que el gobierno le reclame por abrir las páginas de El Popular a diversos actores políticos, cuando antes Barbosa se benefició de esa política editorial. En entrevista, Fernández dice que al principio confiaba en que el gobierno de la 4T entendería que el convenio publicitario sólo implicaba difusión a eventos oficiales, pero no comprometía la línea editorial. Pronto se dio cuenta de que no era así.

En una reunión, Vélez Macuil se dedicó a denostar a Rodolfo Ruiz, cuya columna publicaba El Popular desde hacía 11 años. "¿Me estás sugiriendo que ya no la publique?", le preguntó. Pero la vocera atajó: "No, en la 4T no nos manejamos así". Sin embargo, días después El Popular fue demandado por la información publicada en la columna de Ruiz.

Esas denuncias se retiraron y la columna de Ruiz dejó de publicarse en ese medio, pero los reclamos de la vocera siguieron. Incluso, refiere que Vélez Macuil se quejó con ella porque Abel Cuapa, reportero de ese portal, criticaba a Barbosa en sus redes sociales.

Fernández Galindo expone que los ataques contra El Popular se convirtieron en un desgaste psicológico y económico, aunque confía que el gobierno no encontrará nada en las auditorías que emprendió.

"La cargada mediática"

Tras los comicios extraordinarios de 2019, el periodista Jorge Machuca publicó un libro llamado La cargada mediática. En su investigación puso en evidencia el giro de 180 grados que dieron los medios poblanos tras la muerte de Martha Érika Alonso y Moreno Valle. Uno de ellos es Diario Cambio, cuyo director incluso fue contratado por Barbosa como asesor, después de que ese medio fue uno de los principales artífices de la "guerra sucia" de 2018.

"Los medios que más criticaban a Barbosa, los que lo ridiculizaban, que decían que era un corrupto, que no estaba ni titulado, que tenía no sé cuántas casas y que se gastaba no sé cuánto dinero en viajes al extranjero, son los medios que hoy Barbosa tiene comiendo de su mano, que apapachan a Barbosa", resume Machuca.

A decir de Rodolfo Ruiz, es claro que en lugar de promover cambios, el morenista capitalizó las estructuras creadas por Moreno Valle, incluidos los medios a su servicio. También, como ocurrió en el morenovallismo, han llegado a Puebla nuevos medios. Uno de los más representativos es La Crónica Puebla, propiedad del empresario Javier Pacheco Pensado -hijo de Guillermo Pacheco Pulido, exgobemador interino de Puebla- y del diputado local Juan Pablo Kuri, ambos cercanos a Barbosa.

El periódico 24 Horas era propiedad del morenovallista Eukid Castañón, pero después de caer preso lo vendió a Édgar Nava, empresario marinista que fue subcontratado para surtir las mil patrullas que arrendó la administración de Barbosa.

Otro medio es Contra Réplica, del empresario radiofónico Antonio Grajales, pero que hasta hace unos días era dirigido por Mario Alberto Mejía, uno de los que más atacó a Barbosa en 2018 y quien ahora es su columnista "de cabecera".

El 26 de diciembre de 2018 Mejía escribió: "Cuentan que en el helicóptero en el que iban, entre otros, Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, iba un sexto pasajero. Su nombre: Miguel Barbosa Huerta... Hay cadáveres que no saben que están muertos. Barbosa no lo sabe".

Hace unos días, este periodista anunció que abriría su propio periódico. Y mientras que medios como e-consulta y El Popular son vetados, los nuevos periódicos obtienen en automático contratos publicitarios. De éstos se desconocen montos, pues desde 2020 el gobierno no transparenta su gasto en comunicación.

Proceso pidió a la oficina de comunicación del gobierno de Puebla una respuesta a los señalamientos de e-consulta y El Popular, pero la dependencia puntualizó que no emitiría ninguna postura al respecto.