Aunque en Puebla todos los años se reconocen y se regularizan nuevos asentamientos informales —dotándolos de servicios públicos y de escrituras—, las autoridades continúan sin hacer nada para que estos espacios dejen de representar un riesgo latente para sus habitantes. 

En estos lugares, tras el proceso de regularización, las personas pueden tener escrituras que las protejan de no ser desalojadas, pero al mismo tiempo seguir expuestas a fuertes inundaciones o deslaves que pongan en riesgo sus pertenencias y sus vidas.  

Pueden tener calles pavimentadas y alumbrado, pero aún correr el riesgo de sufrir los impactos de una explosión debido a la cercanía de sus viviendas con algún ducto de gas o de combustible. 

Algo como lo que pasó hace algunos meses en San Pablo Xochimehuacan, en donde más de 100 viviendas, pese a ser formales —es decir, que contaban con la autorización de las autoridades encargadas del desarrollo urbano en la ciudad para habitar ese espacio— fueron afectadas por la explosión de un gasoducto.  

Esto no sólo pasa con los asentamientos informales que recién aparecieron o que están en un proceso de regularización. Por su naturaleza, ni quisiera los asentamientos que fueron regularizados años o décadas atrás y que hoy son colonias consolidadas se salvan de estos riesgos. 

Los asentamientos informales: una fuente de riesgos y de carencias 

Los asentamientos informales o irregulares son conjuntos de viviendas construidos en terrenos que no son aptos para el desarrollo urbano, ya sea porque tienen una situación jurídica que lo imposibilita, porque son reservas ecológicas o porque sus características representan un riesgo para quienes intenten vivir ahí, explica la Maestra en Administración Pública con enfoque en políticas ambientales y urbanas Assenet Lavalle Arenas. 

La ocupación de estos predios es ilegal, por lo que  las personas que habitan estos lugares no cuentan con títulos de propiedad ni con los permisos correspondientes de las autoridades encargadas del desarrollo urbano en la ciudad. Y esto genera varios inconvenientes y riesgos. 

Estos asentamientos son espontáneos, es decir, que, más allá de la improvisada división de lotes realizada por quienes distribuyen estos predios, no tienen una planeación urbana.   

“Estas viviendas no cuentan con ningún título de propiedad, y por consiguiente no están dentro del registro de colonias que debe tener cada Ayuntamiento, no están municipalizadas”, señala Lorena Cabrera Montiel, Doctora en Geografía y Maestra en Ordenamiento del Territorio. 

Por no estar dentro de ese registro, estos conjuntos habitacionales no son tomados en cuenta cuando se distribuyen los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población en cuanto a servicios públicos ni cuando se planea la implementación de los mismos. Formal y legalmente, es como si estos espacios permanecieran desocupados. 

Como consecuencia, estos lugares carecen de diversos servicios; no tienen electricidad, drenaje, ni red de agua potable, no hay calles pavimentadas, banquetas ni alumbrado, tampoco hay transporte público ni recolección de basura, y difícilmente serán vigilados por elementos de la seguridad pública. 

Además, por no ser parte de la planeación y del ordenamiento territorial de la ciudad, los pobladores tendrán un acceso limitado —por la lejanía, pues están ubicados en las periferias de las ciudades— a centros de trabajo, escuelas, hospitales, centros de salud, mercados, parques, áreas verdes, lugares de recreación y entretenimiento.  

Los habitantes de estos asentamientos pueden vivir con esas carencias por años, e incluso décadas; esto hasta que los gobiernos los regularicen y comiencen a dotarlos de servicios públicos.  

De acuerdo con la tesis doctoral “Impactos sociales, urbanos y ambientales de los asentamientos irregulares en la Ciudad de Puebla”, realizada por la Doctora en Urbanismo María Elena Rubí Espinosa, la regularización y consolidación de uno de estos asentamientos puede tardar de cinco a 25 años. 

Pero mientras llega esa consolidación los habitantes tendrán que improvisar para cubrir algunos de esos servicios, que pese a representar una solución en primera instancia, acarrean a largo plazo impactos negativos en el ambiente y en la salud de las personas y demás seres vivos que ahí coexisten. 

Por ejemplo, para cubrir la ausencia del sistema de drenaje se instalan fosas sépticas, aunque sin ningún tipo de asesoría, por lo que más que una solución, resulta una fuente de contaminación y desgaste del suelo y un factor de riesgo para la salud humana, de los animales y de las plantas. 

Lo mismo pasa con la basura, que por no ser recolectada, terminará en las barrancas, contaminando el agua que por ahí pasa, o en terrenos baldíos. 

Los impactos ambientales no terminan ahí, asegura Assenet Lavalle, pues en muchos casos para que en estos predios puedan ser construidas las viviendas antes se tienen que cortar árboles y demás vegetación de la zona, sin importar que en ocasiones esos terrenos estén destinados para preservar el ambiente bajo la forma legal de reserva ecológica o área natural protegida. 

Y por si esto fuera poco, quienes habitan los asentamientos informales están expuestos a diversos riesgos, tanto por su ubicación como por la forma con la que se construyeron las viviendas —con materiales precarios y sin supervisión profesional— incluso aún después de su regularización, subraya Lorena Cabrera. 

“Son espacios vulnerables, no se piensa en las consecuencias, las viviendas pueden estar cerca de barrancas, en cerros o áreas inundables o con un suelo inestable; hay muchas posibilidades de que ocurra algún desastre por amenaza natural”  

Asimismo, continúa la coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo de la Universidad Iberoamericana Puebla, “como la construcción es por sus propios medios no siguen los reglamentos de construcción, no tienen una buena habitabilidad y sus materiales son muy precarios; techos de cartón, de lámina, pisos de tierra. En épocas de lluvia aparecen todas las inclemencias” 

Debido a estas características precarias, las personas que habitan estas viviendas están en constante riesgo de perder sus pertenencias e incluso sus vidas por inundaciones, deslaves, y cuando ocurren sismos, es más probable que padezcan más los efectos de ese siniestro. 

Pero, aunque la mayoría de las viviendas en los asentamientos informales tienen un alto nivel de marginación, no todas tienen esas características, puntualiza Lavalle Arenas; algunas cuentan con los mejores materiales y fueron construidas por profesionales de la construcción. 

Sin embargo, por su origen informal siguen corriendo riesgo de sufrir incendios, explosiones, deslaves, inundaciones; por su ubicación cerca de torres de luz de alta tensión, de zonas por donde pasan ductos de gas o combustible o por estar establecidas en suelos inestables, e incluso porque, tras la regularización, los servicios públicos —como el drenaje—, no fueron instalados de manera correcta. 

Esto es debido, expone Cabrera Montiel, a que no hay procesos correctivos en estos lugares que erradiquen los riesgos; simplemente se dotan de servicios públicos a los habitantes, pero no piensa en una reubicación, por ejemplo, para mantener a la distancia esos riesgos. 

En la ciudad de Puebla, según la regidora presidenta de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Bienes Patrimoniales, María Dolores Cervantes Moctezuma, actualmente hay 175 asentamientos informales. 

Aunque cabe mencionar que muchas de las colonias que hoy están consolidadas y que tienen todos los servicios públicos y el reconocimiento de las autoridades en sus inicios fueron asentamientos informales. Lorena Cabrera refiere que en las décadas de los 70 y los 80 alrededor del 50 o el 60 por ciento de la superficie urbana era ocupada por asentamientos informales; por lo que muchos de los riesgos de origen persisten. 

Además, destaca Assenet Lavalle, este es un fenómeno dinámico, todo el tiempo están surgiendo nuevos asentamientos; y el ritmo con el que se regularizan es más lento que el ritmo con el que surgen, y no sólo en la capital, sino en toda la zona conurbada.  

El origen clientelar de los asentamientos informales 

La aparición de los asentamientos informales responde a varios factores: bajos ingresos en amplios sectores de la población, un ordenamiento territorial poco efectivo, la poca disponibilidad de viviendas de interés social, un sistema administrativo y legal disfuncional, una economía centralizada en las ciudades.  

No obstante, hay uno que destaca: la falta de posibilidades para acceder a una vivienda por la vía formal, es decir, comprar una casa a través de un crédito hipotecario proveniente de un banco o de instituciones como el Infonavit o el Fovissste.  

La mayoría de la población se ve obligada —por no contar con un empleo con prestaciones laborales y con ingresos fijos— a buscar alternativas que vayan de acuerdo con sus posibilidades económicas. 

Los centros urbanos, menciona la tesis doctoral “Impactos sociales, urbanos y ambientales de los asentamientos irregulares en la Ciudad de Puebla”, están rodeados por una combinación de tierras de propiedad privada y tierras ejidales —zonas concedidas por el Estado para un uso exclusivamente agrícola—.  

Por su naturaleza jurídica, sólo las primeras pueden ser comercializadas y utilizadas para el desarrollo urbano; aunque, por su costo, únicamente son accesibles para las personas con ingresos medios y altos. 

Y es ahí cuando aparecen grupos con intereses políticos o personas que quieren deshacerse de sus ejidos que, pese a ser ilegal, ofertan terrenos ejidales en pequeñas mensualidades o con otro tipo de facilidades. 

Algunas veces son los propios ejidatarios quienes venden sus tierras a bajos costos porque ya no son rentables y quieren deshacerse de estas, pero en otras son los grupos antes mencionados los que se organizan para invadir esos y otros predios para hacer negocios —con beneficios económicos o políticos— con algo que no es suyo.  

“Estos grupos promueven la venta de estos terrenos en facilidades a través de volantes o lonas. Le dicen a las personas que con una o dos mensualidades ya pueden tomar posesión de la tierra, y todavía les hablan de apoyarlas con material para construir; así funciona el esquema. Incitan a que el negocio sea ‘te vendo el terreno barato, pero ya ocupalo, ocupalo pronto para que vayas generando derechos aunque construyas de manera informal, para que después ya sea difícil que te desalojen del terreno”, apunta Lavalle Arenas 

Como no cuentan con los recursos económicos y materiales suficientes, dice Lorena Cabrera, las personas deciden comprar el terreno y aceptar esas condiciones para construir progresivamente; los asentamientos informales están vinculados con los procesos de autoconstrucción y la vivienda progresiva. 

“Estos procesos se hacen completamente en la ilegalidad, pero muchas veces son procesos que se conocen, y en ocasiones hasta se incitan, porque hay organizaciones que tienen como respaldo a alguien en el gobierno, a algún funcionario público que los deja operar”. 

“Porque con el tiempo —agrega la especialista— va a convenir a sus intereses. Es un proceso clientelar. Permiten que hagan estas ventas ilegales y los procesos de invasión porque eventualmente alguien se va a encargar de regularizar, de implementar los servicios y de municipalizar. Pero no va a ser gratis, va a ser a cambio de votos. Es un tema electoral”. 

Hasta el momento, coinciden ambas especialistas, las autoridades únicamente han atendido este fenómeno en términos permisivos y regulativos, y se han olvidado del enfoque integral con el que deberían tratarlo. Mientras no haya un acceso oportuno a la vivienda para toda la población, los asentamientos informales seguirán apareciendo. 

Y aunque la causa de este fenómeno es clara y la solución es evidente, los gobiernos parecen más interesados en mantener una fuente de votos en estos lugares, en los que en cada campaña electoral pueden prometer la regularización de los predios o la implementación de servicios públicos; a pesar de que estos asentamientos representen también una fuente de riesgos para sus pobladores.