Con 468 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Banco de México y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de paridad de género.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences Valencia, detalló que el objetivo de este proyecto es establecer el principio de paridad de género en la conformación de las Secretarías de Estado, y los órganos de gobierno del INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Banco de México y la CNDH.

Recordó que en 2019 fue publicada la reforma constitucional de paridad en todo. Un principio que busca permear en las estructuras verticales y horizontales de los tres poderes, pero también de los tres órdenes de gobierno y de sus órganos autónomos.

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Vences Valencia resaltó que la paridad hoy no es una opción, es un mandato constitucional, y se encuentra establecido en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, “la cual nos obliga a realizar estas modificaciones en la legislación secundaria para observar y garantizar el cumplimiento de este principio”.

“Con esta reforma avanzamos hacia la construcción de una igualdad sustantiva, en donde existan las condiciones necesarias para que mujeres y hombres podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de circunstancias”, destacó

La legisladora por Morena, puntualizó que la paridad de género no representa un fin en sí mismo, “sino más bien es un instrumento poderoso que busca fortalecer a nuestra democracia y abrir cada vez más los espacios de representación y participación política”.

“La democracia del siglo XXI tiene rostro de mujer y la lucha de todas las compañeras se traduce en este tipo de reformas”

Refirió que hemos pasado de cuotas de representación establecidas en la legislación electoral, hacia la institución del principio de paridad en todo, el cual ha permitido la integración paritaria de las legislaturas locales e incluso de esta Cámara de Diputados.

“Imaginemos que en el año 2000 la participación política de las mujeres en esta Cámara únicamente representaba el 24 por ciento de los escaños. Hoy, somos la mitad de este parlamento, 250 diputadas y 250 diputados”.

Demandó que necesitamos normas comprometidas con el cumplimiento del principio de paridad en todo, pero también gobiernos desertores del patriarcado que asuman su responsabilidad política con las mujeres de México.

“No es dato menor saber que en el año 2019, la OCDE reconoció que México tenía el mayor porcentaje de mujeres legisladoras y mujeres secretarias de Estado, esto por encima de países como Suecia, Finlandia o Noruega”, comentó.

Por ello, pidió, es que debemos seguir avanzando y también hacer aplicable este principio en las juntas de gobierno de estos órganos constitucionales autónomos sobre los que impactará la reforma.

Finalmente destacó, que esta reforma avanza en la inclusión de lenguaje incluyente en nuestro marco jurídico. “Esto es de la mayor relevancia porque visibiliza el papel que desempeñamos las mujeres en el servicio público y que jugamos en la toma de decisiones”.

“Que no quede duda que las mujeres hemos padecido las barreras estructurales impuestas por el patriarcado, y por esta razón es que el Estado mexicano debe garantizar que haya piso parejo para que veamos cada vez más mujeres participando, con incidencia real en la vida pública de México”, exigió.