Presentan reforma constitucional para evitar empalme de legislaturas

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió, junto con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, una iniciativa de reforma constitucional para evitar que entren en funciones de manera simultánea dos legislaturas. 

La propuesta busca reforma el artículo 65 de la Carta Magna para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General.

Señala que, a través de la reforma electoral de 2014, se adelantó, sin argumentos suficientes, el inicio del periodo de sesiones por un mes en el año en que inicia su encargo el Presidente de la República, a pesar de las profundas implicaciones que esto tendría en la agenda legislativa. 

“La duración de los periodos legislativos no debería estar vinculada a la sincronización de los ciclos electorales y presidenciales, sino más bien a una duración uniforme que permita una planificación efectiva, una toma de decisiones informada y una representación equitativa”, señala. 

En el documento se advierte que, ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinaras el 1 de septiembre de 2024, y así sucesivamente.

Se hace referencia a que la reforma de 2014 introdujo una variación injustificada a la duración en el ejercicio del cargo de las y los diputados federales, en tanto que su responsabilidad duraría 37 meses en relación con el inicio del periodo del Ejecutivo federal. 

“Si su elección coincide con el año en el que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en el que no coincidieran, las y los diputados electos durarían 35 meses en el cargo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional”, explica.

Ante este panorama, la propuesta actual de modificación reafirma la importancia de basar las reformas constitucionales en argumentos sólidos y razonados, promoviendo así la transparencia y la confianza en las instituciones democráticas.