En el transcurso del primer semestre del año 2023, un total de 381 personas han sido identificadas como víctimas de un delito que preocupa profundamente a nuestra sociedad.

Las entidades que lideran este triste panorama son el Estado de México (113), la Ciudad de México (78), Quintana Roo (41), Baja California (40) y Puebla (34), según datos revelados.

En respuesta a esta problemática, Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ha tomado una acción enérgica y significativa.

A través de un Punto de Acuerdo, exhortó a los congresos de las 32 entidades federativas a revisar y ajustar sus legislaciones locales en concordancia con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como para brindar protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

La trata de personas, un flagelo que afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, requiere un enfoque claro y coordinado.

Julieta Vences Valencia resalta que las víctimas a menudo se encuentran en situaciones que los exponen a violaciones de sus derechos humanos debido a factores como género, edad, ingresos, origen étnico, religión o color de piel.

Esta problemática se manifiesta en diversas formas, incluida la explotación sexual, laboral, la extracción de órganos, la mendicidad y los matrimonios forzados. Ante esta realidad, Julieta Vences Valencia insiste en la importancia de que los gobiernos locales sean agentes del cambio, promoviendo una legislación armonizada que proteja a las víctimas y penalice a los perpetradores.

El pasado 3 de agosto, se llevó a cabo el Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, en el cual se delineó una ruta legislativa para fortalecer el marco normativo vigente en esta área.

Esta ruta implica acciones concretas, como la colaboración entre autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, la revisión exhaustiva de los códigos penales estatales y el análisis integral para armonizar la legislación con los estándares internacionales.

Además, se busca establecer un diálogo permanente con el poder judicial para garantizar sanciones efectivas y promover la armonización legislativa entre los congresos locales y la ley general.

Estas medidas han sido respaldadas por el Coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, demostrando un compromiso unánime hacia la erradicación de este delito.

Las cifras hablan por sí mismas: entre 2017 y 2021, se registraron 3,896 víctimas de trata de personas, siendo el 85% de ellas mujeres. Sin embargo, tan solo se emitieron 263 sentencias definitivas firmes durante ese mismo período.

Estos datos subrayan la necesidad urgente de una respuesta sólida y coordinada para enfrentar esta problemática, protegiendo a las víctimas y asegurando que los perpetradores enfrenten la justicia.

La ruta legislativa trazada y las acciones propuestas en el Foro representan un paso adelante en la lucha contra la trata de personas. Es momento de unir fuerzas, de reforzar la legislación y de empoderar a las víctimas, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos.