La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados ha dado un paso crucial en la lucha contra la discriminación laboral por motivo de embarazo al aprobar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta reforma, propuesta por la legisladora de Morena, Julieta Vences Valencia, busca garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para las mujeres, especialmente durante la etapa de maternidad, embarazo y lactancia.

Uno de los aspectos fundamentales de esta enmienda es la inclusión de la discriminación laboral por embarazo como una forma de violencia laboral. Esto comprende cualquier acto que implique discriminación, distinción, exclusión o restricción hacia una mujer solicitante de empleo o empleada debido a su estado de maternidad, embarazo o lactancia.

Además de esta definición amplia y necesaria, la reforma también establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de proporcionar atención legal y de salud integral, incluyendo servicios de salud mental, de manera especializada y gratuita a las víctimas de discriminación, hostigamiento o acoso sexual en el ámbito laboral.

Otro punto importante es que se considerarán las necesidades específicas de las mujeres embarazadas o en período de maternidad al emitir órdenes de protección. Esto garantiza que las autoridades administrativas, el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional competente tengan en cuenta la situación particular de estas mujeres y tomen medidas adecuadas para proteger sus derechos y su bienestar.

Los datos proporcionados por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) son alarmantes, ya que muestran que, entre enero de 2011 y marzo de 2022, se recibieron 723 quejas relacionadas con el despido por embarazo. Sorprendentemente, el 90% de estos casos involucran a empleadores particulares. Las entidades federativas con el mayor número de denuncias son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) revela que el 1.7% de las mujeres encuestadas experimentaron discriminación laboral, y el 4% se les solicitó una prueba de embarazo como requisito para trabajar o mantener su empleo. Además, el 0.6% fue despedido, no se les renovó el contrato o se les redujo el salario debido a su embarazo.

La legisladora Julieta Vences enfatiza la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en igualdad. Esto implica asegurar que no se les obstaculice en su búsqueda de empleo, retención laboral o ascenso debido a su maternidad. La reforma busca eliminar estos obstáculos y promover la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, sin importar su elección de ser madres.

La aprobación de esta iniciativa representa un avance significativo en la promoción de la igualdad de género y la eliminación de la discriminación laboral por embarazo en México. Esta medida es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, independientemente de su género o estado reproductivo.