El gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez planea cobrar cinco pesos por hora o fracción para el uso de los parquímetros y eliminar la hora gratis, a fin de cumplir con el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este 9 de octubre, la Comisión de Patrimonio y Hacienda dio detalles acerca de la reforma a la fracción XI del artículo 57 de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023.

De esa manera, se informó que el Ayuntamiento de Puebla modificó el costo de los parquímetros del Centro Histórico –que era de 10 pesos–; anteriormente, con la tarifa aplicada por el gobierno de Puebla, por cinco horas de estacionamiento se pagaban 20 pesos debido a que la última hora era gratuita.

En cambio, ahora se cobrarán cinco pesos por hora o fracción de acuerdo con las declaraciones del síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena, quien no explicó si habrá o no tiempo límite y hora gratis de estacionamiento, tal como se venía cobrando hasta el momento.

“También se reduce el monto. Era de 10 pesos por hora o fracción -y se cobraban cinco pesos por los estímulos fiscales–, ahora es de cinco pesos”, aclaró.

Esta propuesta fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, por lo que el próximo viernes 13 de octubre será enviada al Cabildo para su aprobación; a continuación, será turnada al Congreso del Estado para poder aplicarla.

Cabe recordar que el 11 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de las impugnaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, invalidó el artículo 57, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023, donde se establecía el cobro de un derecho por la ocupación de espacios para estacionamiento de vehículos, realizado mediante dispositivos digitales (parquímetros).

La Corte destacó que en el artículo impugnado no se especificaba la temporalidad a la que correspondían las cuotas, lo que implicaba que no existía la base del derecho sobre la cual se determinaría la tarifa a pagar.