En la reciente sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se aprobaron importantes reformas en el ámbito legal, enfocadas en fortalecer la seguridad pública y proporcionar certeza jurídica en el manejo de la información. La modificación al tercer párrafo del artículo 478 del Código Penal del Estado aborda específicamente los delitos informáticos.

Según el dictamen, aquellos que, estando autorizados o sin autorización, accedan a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos relacionados con la seguridad pública y obtengan, utilicen o divulguen información de manera indebida, se enfrentarán a penas de dos a cinco años de prisión y multas de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización. En casos donde la información esté clasificada como reservada o confidencial, o si el infractor es o ha sido servidor público en instituciones de seguridad pública, las penalidades se incrementarán en hasta la mitad. Además, conlleva la destitución e inhabilitación del responsable por un periodo igual al de la pena impuesta.

El diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, impulsor de la iniciativa, destacó la necesidad de salvaguardar la información clasificada en materia de seguridad, considerando la sensibilidad de dichos datos y los bienes jurídicos protegidos. Afirmó que la medida busca garantizar la seguridad pública y brindar certeza jurídica a los involucrados.

En otro orden de asuntos, durante la misma sesión, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal, específicamente a la fracción IV del artículo 78 y la adición de un segundo párrafo al artículo 88 Bis. Esta reforma establece la obligación de los Ayuntamientos de expedir y mantener actualizados bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general relacionadas con su organización, funcionamiento y servicios públicos.

El diputado Fernando Sánchez Sasia, al referirse a esta iniciativa, señaló que la revisión anual de dichos documentos evitará la existencia de reglamentación obsoleta, asegurando así un marco normativo actualizado.

Además, el Pleno aprobó un exhorto a los 217 Ayuntamientos para que realicen un diagnóstico sobre la situación de los mercados a su cargo, con el objetivo de evitar acaparamientos y monopolios, así como prevenir actos violentos y delictivos.

En un gesto hacia la preservación del patrimonio cultural, se declaró el 11 de diciembre de cada año como el "Día Estatal de la UNESCO". La diputada Azucena Rosas Tapia destacó que Puebla cuenta con 28 registros en la UNESCO y resaltó la importancia de este reconocimiento.

Finalmente, se emitieron exhortos a la Secretaría de Cultura del Estado para que declare como patrimonio cultural intangible del Estado de Puebla el trueque de la ciudad de Tepeaca, así como al "Festival de la Luz y la Vida" del municipio de Chignahuapan.

Con estas decisiones, la LXI Legislatura busca fortalecer la legalidad, la seguridad pública y la preservación del patrimonio cultural, marcando pasos significativos hacia un marco normativo actualizado y adaptado a las necesidades de la sociedad.