Cada 3 días hay una queja por abuso de autoridad de servidores públicos en Puebla

En 2023 hubo 503 visitas de supervisión a servidores públicos del estado de Puebla con el objetivo de monitorear sus funciones, de acuerdo con información revelada por el fiscal Gilberto Higuera Bernal.

Del total de visitas, 222 fueron de control, 87 de supervisión técnica y 73 de seguimiento. 

Mientras que 121 fueron de supervisión técnica especial. Estas últimas se debieron a quejas sociales hacia funcionarios públicos; es decir, hubo aproximadamente una cada tercer día.

De las 503 visitas de supervisión, la Visitaduría General ha emitido 443 recomendaciones a servidores públicos para que mejoren su trabajo y realicen sus funciones con ética.

Por su parte, el Órgano Interno de Control ha integrado 86 expedientes de investigación para dar seguimiento y sancionar a funcionarios de ser necesario.

Como consecuencia de estos seguimientos, 15 funcionarios públicos fueron removidos de su cargo de forma permanente, por no acatar el código de ética; mientras que ocho fueron suspendidos temporalmente sin goce de sueldo.

Carpetas de investigación del personal de Fiscalía

Respecto al personal que labora en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el fiscal Gilberto Higuera Bernal señaló que se han integrado 174 carpetas de investigación.

En su mayoría, las carpetas de investigación fueron por una incorrecta ejecución en procuración de justicia, con 79 casos.

Seguidas de probable abuso de autoridad, con 55 casos; también se registraron 21 por cohecho; y 19 por otro tipo de incidencias, que el fiscal no detalló.

Finalmente, el fiscal explicó que del total de expedientes de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en 19 casos hubo ejecución penal.

Sanciones a funcionarios públicos

El fiscal Gilberto Higuera Bernal aseguró que la institución que encabeza trabaja en dar seguimiento a los requisitos y necesidades sociales, no a los funcionarios públicos.

Por ello, señaló dos casos en los que ya se procedió con ejecución penal para sancionar a funcionarios públicos.

El fiscal citó el caso de Héctor N, agente investigado por el delito de amenazas y detonaciones con arma de fuego contra una persona en 2022 y por robo en 2023; actualmente se encuentra en prisión preventiva en el CERESO de Tepexi de Rodríguez.

Asimismo, refirió el caso de Valentín Octavio N, exagente de investigación, quien presuntamente lesionó a su hijo de 18 años con su arma de cargo y abandonó sus funciones sin previo aviso; también se encuentra en prisión preventiva.