Luego de que se denunciaron los vínculos entre un proveedor preferido y el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, así como la Auditoría Superior del Estado, este organismo investigador ha tomado una medida inédita. La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), que depende del Congreso local, ha dirigido su atención hacia el medio de comunicación que dio a conocer la información. Ayer, la ASENL solicitó al periódico una serie de informes de índole comercial, administrativa y fiscal. Aunque el oficio fue fechado el 31 de julio, el requerimiento se envió a primera hora de ayer (a las 09:40) y debe ser entregado en un plazo de cinco días hábiles. La Auditoría solicitó información sobre todos los contratos realizados durante 2023 con el Poder Ejecutivo del Estado. Esta petición se produce un día después de que se revelaran los nexos y contratos millonarios entre el municipio de San Nicolás y la empresa Comercializadora Gonsa del Valle, así como los contratos de la misma empresa con la Auditoría estatal.
A pesar de que la Auditoría Superior del Estado se encarga de fiscalizar únicamente a los organismos que reciben fondos públicos, como lo establece su misión de “realizar la fiscalización integral y objetiva de los recursos públicos del Estado, municipios, organismos descentralizados y autónomos”, el requerimiento ha generado inquietud. El oficio está firmado por Gerardo Pulido Castillo, director de Auditoría adscrito a la Auditoría Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos. En el documento se advierte que, de no atenderse la solicitud, se aplicará una multa. |