Con estas reformas se busca terminar con los mecanismos que, en el pasado, favorecían la privatización del sector energético
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó, recientemente, un paquete de leyes que modifican la reforma energética de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto. Estas nuevas leyes tienen como objetivo fortalecer a las empresas públicas del país, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, y recuperar la soberanía energética de México, mientras se mantiene una participación privada, pero bajo reglas más claras y transparentes. En palabras de Sheinbaum, con estas reformas se busca terminar con los mecanismos que, en el pasado, favorecían la privatización del sector energético. “Ahora estamos dando un paso para que las empresas públicas, como CFE y Pemex, tengan más poder para operar en beneficio del pueblo de México, sin dejar de lado la inversión privada, pero de forma ordenada y sin los vicios de antes”, explicó la mandataria. Entre las reformas que se enviarán al Congreso están la Ley de la Empresa Pública del Estado para Pemex y CFE, la Ley de Planeación y Transición Energética, y otras que abarcan desde el sector eléctrico hasta los hidrocarburos. Sheinbaum también comentó que estas modificaciones permitirán cumplir con el Plan México, que busca asegurar que haya suficiente energía para el país y que esta esté disponible de manera accesible para todos. Además, destacó que esta reforma es histórica porque no solo revierte cambios de 2013, sino que también toma en cuenta reformas que se hicieron en 1992. “Esto es algo muy importante para el futuro del país, porque nos da la garantía de que vamos a tener energía suficiente a costos accesibles”, agregó Sheinbaum. En cuanto a las inversiones, se estiman 12,300 millones de dólares para generación de electricidad, 7,500 millones para la transmisión y 3,600 millones para la distribución. Todo esto se llevará a cabo bajo un esquema que, según la mandataria, garantiza que la soberanía energética esté en manos del Estado, pero sin dejar de lado la participación del sector privado bajo normas claras y transparentes.
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