Denuncian despojo de terreno donde está el mercado municipal de Zoquitlán

Óscar Martínez Reyes, ciudadano del municipio de Zoquitlán, denunció públicamente al expresidente municipal Claudio Hernández Cabanzo por presuntamente haberlo despojado de un terreno de su propiedad, donde actualmente se ubica el mercado municipal.

Martínez aseguró que hace aproximadamente cuatro años llegó a un acuerdo verbal con el entonces edil para ceder temporalmente su terreno, con la condición de que se le otorgara otro predio en compensación. Sin embargo, denunció que dicho compromiso nunca se cumplió.

“Están jugando conmigo”, expresó, al referirse tanto a la administración pasada como a la actual.

Además, señaló al presidente municipal en funciones, Cristóbal Cuello Macedo, por negarse a resolver el conflicto. De acuerdo con el denunciante, actualmente el Ayuntamiento realiza cobros por metro cuadrado a las y los locatarios del mercado, mientras que él no ha recibido ningún tipo de compensación ni pago por el uso del predio.

Martínez Reyes afirmó contar con escrituras notariadas y un certificado de libertad de gravamen que acreditan legalmente su propiedad sobre el terreno, el cual le fue heredado por una tía hace aproximadamente 12 años.

El caso llegó a manos del gobernador, pero aún no hay respuesta

Durante una visita del gobernador Alejandro Armenta al municipio, el pasado miércoles, Martínez logró entregar un escrito al equipo del mandatario estatal, en el que exponen la situación y solicita su intervención. No obstante, hasta el momento, no ha recibido ninguna respuesta oficial.

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El terreno en cuestión fue utilizado para la construcción del mercado municipal durante la administración de Hernández Cabanzo, y según Martínez, las administraciones siguientes han estado al tanto del conflicto , pero ninguna ha ofrecido una solución concreta.

“He intentado dialogar con el presidente actual, pero me dice que no puede hacer nada, ni compensarme económicamente ni con otro terreno”, lamentó.

Martínez Reyes pidió la intervención del Gobierno del Estado y de las autoridades correspondientes para garantizar el respeto a su derecho de propiedad y evitar que el caso quede impune.