Más corrupción en Texmelucan: exigen entre 5 mil y 20 mil pesos a transportistas para operar

En el municipio de San Martín Texmelucan, operadores del transporte público y taxistas denuncian una red de corrupción que los obliga a pagar cuotas mensuales, conocidas como “tandas”, que oscilan entre los 5 mil y 20 mil pesos. El monto varía según la ruta, el trayecto y el estado de procedencia de las unidades, generando una recaudación aproximada de hasta 400 mil pesos mensuales que no ingresan a las arcas municipales.

Según testimonios recabados, estos pagos son exigidos por intermediarios supuestamente vinculados a la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Texmelucan. Más de 50 rutas del transporte público, así como taxistas provenientes de juntas auxiliares, municipios y otros estados de la República, afirman haber sido víctimas de extorsión por parte de estos emisarios.

Concesionarios consultados —quienes pidieron el anonimato por temor a represalias— señalaron que no reciben comprobante alguno por el pago de estas cuotas. En algunos casos, mencionaron que la persona encargada de recolectar el dinero se identifica con el nombre de “Brandon”.

Los transportistas expresaron sentirse hostigados por las autoridades municipales y afirmaron haber buscado apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado, encabezada por Silvia Tanús, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta que les brinde certeza jurídica.

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Rutas ilegales operan con permiso a cambio de cuotas

]+{7De acuerdo con las denuncias, también se permite la operación de rutas irregulares que viajan hacia la Ciudad de México, a pesar de no contar con los permisos oficiales de la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal. Una de estas rutas operaba desde una base itinerante ubicada en la calle 16 de Septiembre, donde antiguamente se encontraba el rastro municipal.

Hace algunos meses, esta base fue escenario de un zafarrancho, tras denuncias de alteración al orden público por parte de vecinos, quienes acusaron a la ruta de invadir el espacio. Se presume que dicha ruta fue autorizada de manera irregular por la administración anterior, encabezada por Norma Layón.