Puebla pagó millones por el Barroco, obra que no es del pueblo: Armenta 

En un golpe directo al legado del exgobernador Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reveló que el Museo Internacional del Barroco (MIB), una de las obras más emblemáticas del morenovallismo, no pertenece al pueblo poblano. De acuerdo con el mandatario, el recinto es propiedad de una empresa privada y representa una carga multimillonaria para las finanzas estatales.

“El Museo Barroco no es de las y los poblanos. Es privado. Pagamos 523 millones de pesos al año con sus impuestos”, denunció Armenta en conferencia de prensa, al señalar que el contrato de pagos se extenderá hasta el año 2040. El monto total, si no se corrige, superaría los 9 mil millones de pesos.

“¿Saben qué podríamos hacer con ese dinero? Apoyar a 441 escuelas públicas, beneficiar a 158 mil estudiantes, fortalecer el campo, mejorar la seguridad”, recalcó el mandatario.

La crítica política vino acompañada de una instrucción formal: auditoría inmediata al Museo Barroco, el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Teleférico de Puebla.

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Armenta prometió que su gobierno buscará “recuperar lo que es del pueblo”, y advirtió que las obras faraónicas del pasado fueron impulsadas por una “mafia que se benefició del poder y del presupuesto público”.

Modelo de corrupción

El gobernador calificó como un modelo de corrupción la forma en que se promovieron estos proyectos: disfrazados de “modernidad” y “progreso”, pero con vínculos empresariales opacos, contratos desventajosos para el estado y un alto costo social.

Además, señaló que aplaudir tales obras sin cuestionar su trasfondo es ser cómplice del saqueo institucional.

“Estamos combatiendo la corrupción, pero por donde caminamos hay complicidades. Obras como estas representan el abuso de poder y el saqueo de los recursos públicos”, advirtió.

Teleférico, otro elefante blanco

Armenta también se refirió a otra obra símbolo del morenovallismo: el Teleférico de Puebla. Reveló que desmontarlo costaría 3.5 millones de euros, mientras que reactivarlo requeriría otros 1.2 millones de euros (más de 26 millones de pesos).

Afirmó que su administración está comprometida con la transparencia, el impacto social y la recuperación del patrimonio colectivo. “No más obras que solo beneficien a unos cuantos”, sentenció, al anunciar una revisión profunda de los contratos heredados del pasado.