Diputados acuerdan votar el 15 de julio reformas al delito de ciberasedio

A más tardar el próximo 15 de julio, el Congreso de Puebla aprobará las reformas al delito de ciberasedio, iniciativa que será presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, informó la diputada Laura Artemisa García Chávez.

En la primera mesa de trabajo este martes no se presentó una propuesta final, ya que en los próximos días todas las fracciones legislativas presentarán las suyas.

Al concluir la primera mesa de trabajo entre diputadas, diputados y asesores jurídicos, la presidenta de la Junta de Gobierno anunció que el próximo jueves 3 de julio se llevará a cabo una segunda reunión donde se presentarán otras propuestas de reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla.

En este artículo se establece el delito de ciberasedio que se castiga con prisión de once meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), monto que equivale de 5 mil 657 a 33 mil 942 pesos.

García Chávez aseguró que el Congreso también colabora con el Poder Judicial del Estado para poder excluir a servidores públicos como posibles víctimas.

“Esta no es la propuesta única, fue una primera propuesta, para mí es importante que la podamos completar con diferentes observaciones que hacen los diputados y diputadas. No hubo muchas propuestas en concreto que no sea el tema de la derogación del 480, pero como tal para que pudiéramos llegar a un punto de acuerdo entre todos nos llevamos la tarea de mandar los criterios”, dijo.

En ese sentido, la legisladora de Morena comentó que el 15 de julio es la fecha máxima para votar la iniciativa de reforma en el Pleno del Congreso.

Taxatividad y libertad de expresión, las propuestas

Durante la primera reunión de trabajo se presentaron propuestas relacionadas con el principio de taxatividad, libertad de expresión (de prensa y crítica al servicio público) y proporcionalidad en la acción penal (querella necesaria).

“Comete el delito de ciberasedio quien, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, o de cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática realice actos de contacto, vigilancia, hostigamiento o intimidación hacia otra persona, con la finalidad de alterar gravemente su vida cotidiana, perturbar su privacidad o dañar o menoscabar su integridad física o emocional”.

“Para determinar la existencia del delito, la autoridad deberá considerar el contexto, la frecuencia de los actos, los medios empleados y el impacto causado. Ser perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de edad o persona incapaz o que no pueda resistir el acto, en cuyo caso será perseguible de oficio”, fueron algunas de las propuestas que se pusieron sobre la mesa.

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También se planteó que queden excluidas del tipo penal las expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en términos de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con la denuncia pública o la exposición de hechos de interés público.