Juez desecha amparo promovido contra la nueva reforma al delito de ciberasedio

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla desechó la demanda de amparo promovida por el investigador Roberto Celaya Figueroa, en contra de las reformas al delito de ciberasedio.

El sonorense promovió un amparo en contra de la emisión, promulgación y publicación del decreto que reforma el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, publicado el 11 de julio del año en curso en el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, el pasado 15 de julio el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal desechó de plano la demanda 703/2025 “por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia”.

Este viernes 18 de julio, se informó que tras el desechamiento el investigador Roberto Celaya promovió un recurso de queja, mismo será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

“Interpone recurso de queja contra el proveído de quince de julio del año en curso, emitido dentro del presente cuaderno de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a)”.

Roberto Celaya es contador público por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestro en Administración con acentuación en Finanzas por la misma institución y doctor en Ciencias en el Área de Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima.

El artículo combatido establece:

“Comete el delito de ciberasedio quien, a través de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática, realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional”.

Principales cambios en la reforma

El Congreso de Puebla redujo la pena mínima de prisión de 11 a 6 meses por actos de hostigamiento digital, aunque se mantiene la máxima de tres años.

Se excluyeron las críticas, opiniones o manifestaciones que tengan interés público, promuevan el escrutinio de personas servidoras públicas o se enmarquen en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo.