El coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, dio a conocer que la actual administración enfrenta laudos laborales heredados por alrededor de mil millones de pesos, derivados principalmente de despidos injustificados registrados entre los años 2011 y 2016. García Parra detalló que muchos de estos casos corresponden a trabajadores que iniciaron litigios para exigir el pago de salarios caídos o su reinstalación, y que algunos expedientes ya no están en manos del actual gobierno, pues corresponden a administraciones pasadas. Asimismo, informó que hasta 2025 se han destinado 110 millones de pesos para atender estos compromisos legales, mediante una evaluación individual de cada expediente con el objetivo de resolverlos conforme a la ley y sin comprometer la estabilidad financiera del estado. El funcionario subrayó que el reto de los laudos laborales representa una carga importante para las finanzas públicas, pero afirmó que el gobierno estatal mantiene el compromiso de cumplir con las obligaciones legales heredadas y garantizar que no se repitan prácticas administrativas que generen nuevas demandas. Los despidos de los antecesores Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017), se registraron más de 14 mil despidos en las distintas dependencias del gobierno estatal. De acuerdo con reportes periodísticos, en los primeros tres años de su administración se dieron de baja a más de 12 mil trabajadores, con mayor impacto en áreas como Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Desarrollo Social. Las cifras provienen de informes internos y solicitudes de transparencia que documentaron una política de ajuste en la estructura administrativa. Por su parte, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, se informó la separación de 1057 empleadas y empleados estatales, identificados como “aviadores”, es decir, personas que figuraban en la nómina sin desempeñar funciones comprobables. El propio mandatario señaló que la medida formaba parte de un proceso de depuración y regularización del personal en las dependencias públicas, dentro de una meta general de reducción del 15 % en la plantilla gubernamental sin embargo nunca se detallaron las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo esos despidos
|