Congreso alista foros con alcaldes para sancionar arrancones en Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, informó que se realizarán foros con las y los presidentes municipales de la zona metropolitana para analizar la iniciativa que busca sancionar con prisión a quienes participen en arrancones.

El legislador de Morena señaló que la propuesta presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de la Barreda Angon, se discutirá en 2026, al sostener que el Congreso tiene la obligación de legislar a favor de la juventud y la seguridad vial, sin “titubeos”.

“Todo lo que sea el tema de la Atlixcáyotl, de los jóvenes, la seguridad, la movilidad, estamos muy atentos. Si no logramos socializar el proyecto que venga yo voy a solicitar que hagamos los foros”, expresó.

Gaspar Ramírez anunció que convocará a las presidentas y los presidentes municipales de la zona metropolitana de Puebla —integrada por Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Ocoyucan— para participar en mesas de trabajo con especialistas de la academia, la sociedad civil y diputadas y diputados locales.

“Vamos a oír a los automovilistas porque también se debe de tomar en cuenta su opinión y aprender. Creo que hay que endurecer la ley en el tema de las altas velocidades, se va a analizar lo de la licencia”, agregó.

Buscan sancionar arrancones con prisión y multa

El pasado 27 de noviembre, la diputada María de la Barreda propuso reformar el Código Penal del Estado de Puebla para imponer hasta seis años de prisión a quienes participen en arrancones o carreras clandestinas.

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La iniciativa plantea adicionar el artículo 193 Bis para tipificar como delito la participación en competencias de velocidad ilícitas en vías públicas. Cometería este delito quien, al conducir un vehículo automotor, participe en carreras, arrancones u otras modalidades de competencia de velocidad o maniobras temerarias de carácter competitivo, sin autorización expresa y por escrito de la autoridad, poniendo en riesgo la vida o integridad de terceras personas o la seguridad de la circulación.

Las sanciones contemplan penas de dos a seis años de prisión, multas de 200 a 600 UMA —equivalentes a entre 22 mil 628 y 67 mil 884 pesos—, así como la suspensión de la licencia o permiso para conducir por un periodo de uno a cinco años.