Para el Congreso de Puebla será prioridad avalar la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier para imponer hasta 15 años de prisión por el delito de despojo inmobiliario, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez. En conferencia de prensa este martes, el líder de la LXII Legislatura anunció que se reunirá con el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina, para iniciar el análisis de la propuesta que busca reformar el Código Penal del Estado de Puebla. Te puede interesar: Armenta envía iniciativa al Congreso para combatir el despojo inmobiliario Consideró necesario sancionar a quienes forman una mafia para afectar a las poblanas y los poblanos, principalmente a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores y comunidades indígenas.
Aumentan penas de prisiónEl pasado 29 de enero ingresó al Congreso local la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta para combatir el despojo inmobiliario e imponer sanciones más severas y responsabilidades reforzadas. El 2 de febrero, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, dio a conocer que la propuesta contempla un incremento de las penas de prisión y sanciones económicas. La sanción pasará de 6 a 12 años de prisión y la multa oscilará entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de 11 mil 731 a 175 mil 965 pesos. La iniciativa profundiza las penas para quien financie o sea autor intelectual de este delito, con prisión de entre 7 y 15 años y multas de mil a 3 mil UMAS, que corresponde a 117 mil 310 y hasta 351 mil 930 pesos, teniendo en cuenta que la UMA para 2026 es de 117.31 pesos. El objetivo es limitar la comercialización de tierras, la lotificación o especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan notarios públicos. La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa. La sanción también se incrementará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o participa un notario público para facilitar o encubrir el delito.
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