Miércoles 25 Febrero 2026

Para evitar que adeudos impidan el acceso a pensiones de personas vulnerables, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una reforma a la ley del ISSSTEP que permitiría esquemas de pago proporcionales y excepcionales, garantizando el derecho efectivo a la seguridad social en Puebla.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma al artículo 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

La propuesta incorpora un mecanismo excepcional de “ajustes razonables” que permitirá al Instituto analizar, en casos específicos de vulnerabilidad, esquemas proporcionales para el pago de adeudos por cuotas y aportaciones, cuando su exigencia inmediata o íntegra haga materialmente imposible el acceso efectivo a una pensión o comprometa el mínimo vital de las y los beneficiarios.

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La legisladora explicó que, si bien la ley vigente establece como requisito cubrir previamente los adeudos existentes para poder disfrutar o transmitir una pensión, su aplicación estricta e indiscriminada puede generar efectos desproporcionados, particularmente en casos de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas cuya única fuente de ingreso sea la pensión.

La iniciativa establece que los ajustes razonables deberán aplicarse de manera excepcional, a petición de parte; además, resolverse mediante determinación fundada, motivada y razonada; no implicar condonación total del adeudo; contar con aprobación de la Junta Directiva y sujetarse a criterios de proporcionalidad, temporalidad y revisión periódica.

Asimismo, se precisa de manera enunciativa que podrán considerarse condiciones de vulnerabilidad los casos de discapacidad permanente, dependencia funcional, minoría de edad, adultez mayor, pobreza, marginación o dependencia económica absoluta.

“Como legisladores tenemos el deber de garantizar que la Ley no se convierta en un obstáculo para quienes más necesitan protección. La seguridad social debe ser un derecho efectivo, no una promesa condicionada a circunstancias que perpetúen la desigualdad”, concluyó.