Miércoles 25 Febrero 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles su propuesta de reforma electoral, la cual será enviada el próximo lunes al Congreso de la Unión sin que aún se defina si ingresará primero a la Cámara de Diputados o al Senado.

La propuesta plantea, entre otras medidas, la eliminación de las listas plurinominales y la obligatoriedad de buscar el voto popular, un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la desaparición del PREP, restricciones a la reelección y una reducción de los costos durante los procesos electorales.

Durante su conferencia matutina afirmó que la iniciativa responde al “sentimiento de la gente” y sostuvo que no se trata de una ocurrencia; asimismo, sentenció que tanto partidos aliados como de oposición serán libre de apoyar o no su proyecto; sin embargo, será la ciudadanía quien juzgue su elección.

La propuesta se dio a conocer cuatro meses después de que la comisión presidencial encargada inició foros de consulta y un mes después de que representantes del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) se incorporaron a las mesas de negociación, quienes han señalado en varias ocasiones su desacuerdo con algunos puntos planteados.

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¿Qué propone la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum?

El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, informó que se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados y siete ciudades de Estados Unidos, donde se recibieron mil 357 propuestas para fortalecer el proyecto.

En tanto, la titular de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la iniciativa se compone de 10 puntos agrupados en cuatro ejes.

En materia de integración legislativa, se mantendrán los 500 diputados, todos por votación directa: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El Senado quedará integrado por 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, eliminando la lista nacional plurinominal. Además, las y los candidatos estarán obligados a buscar el voto popular.

La reforma plantea una reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, con recortes al INE, a los OPLES, a los partidos políticos y a los tribunales electorales. También prevé disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos conforme al artículo 127 constitucional.

En fiscalización, el INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidaturas; se prohibirán aportaciones en efectivo y se impulsará el uso de tecnologías. Además, se facilitará el voto de mexicanos en el extranjero, se reducirán los tiempos oficiales en radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora y se regulará el uso de inteligencia artificial en campañas, con prohibición de bots.

Los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral para agilizar resultados, por lo que se prevé la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). También se ampliarán mecanismos de participación ciudadana como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato en estados y municipios, con posibilidad de voto electrónico.

La iniciativa reafirma la prohibición de heredar cargos a familiares directos y establece la no reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.