Tras el asesinato de tres jóvenes en la zona de Angelópolis, la diputada Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, propuso que los bares y antros estén obligados a contar con sistemas de videovigilancia que tengan visibilidad en un radio mínimo de 10 metros, así como con botones de pánico. La presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso de Puebla presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de Puebla, tras el asesinato de Gisele, Emmanuel y Joaquín en el bar Sala de Despecho, el pasado 14 de febrero. La propuesta busca obligar a los establecimientos a conservar los registros audiovisuales por un periodo mínimo de 30 días naturales. Te puede interesar: Ataque en “Sala de Despecho” fue por confusión; hay cuatro detenidos: FGE Nuevas obligaciones para bares y antrosLos bares y antros estarían obligados a garantizar que el personal encargado de la seguridad y vigilancia sea proporcionado por prestadores de servicios autorizados y certificados conforme a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, debiendo contar con al menos un elemento de seguridad por cada 50 personas de aforo autorizado o fracción que exceda dicha cantidad. También deberán instalar sistemas de videovigilancia de alta definición con cobertura en accesos, salidas de emergencia y áreas comunes, así como con visibilidad perimetral hacia la vía pública inmediata al establecimiento, procurando un radio mínimo de 10 metros. Estos sistemas deberán contar con capacidad de conexión a los centros de control, comando y comunicaciones (C5) o a centros de mando municipales. Asimismo, deberán contar con dispositivos de alerta temprana o botones de pánico, físicos o digitales, vinculados a las instituciones de seguridad pública para la atención inmediata de emergencias. La iniciativa contempla implementar protocolos básicos de actuación para la prevención y atención de riñas, hechos violentos o situaciones de riesgo, así como para la solicitud inmediata de auxilio a las autoridades competentes. En su propuesta, Suriano Corrales argumenta que esta medida responde a una visión de política pública basada en soluciones útiles, medibles y exigibles, ya que la seguridad no se construye con clausuras indiscriminadas ni con discursos reactivos, sino con reglas claras, corresponsabilidad entre autoridades y particulares, profesionalización, tecnología y protocolos efectivos. La reforma apuesta por elevar los estándares mínimos de operación de los establecimientos con venta de alcohol, proteger a la ciudadanía y brindar certeza jurídica a quienes cumplen con la ley y promueven una vida nocturna responsable.
|