La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso inédito en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios al validar la existencia del gobierno comunitario indígena de La Candelaria, en el estado de Chiapas, con lo que, en los hechos, se configura un cuarto orden de gobierno en México. La resolución, correspondiente al Amparo en Revisión 344/2025, reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con facultades para ejercer autogobierno, administrar directamente recursos públicos y contar con un marco normativo propio para el ejercicio de sus derechos autonómicos. El fallo histórico fue celebrado por la Universidad Iberoamericana Puebla, particularmente por la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, instancias que han acompañado jurídicamente a la comunidad desde 2021. Fue en noviembre de ese año cuando la Asamblea Comunitaria determinó establecer el Jlumaltik Candelaria como forma de gobierno comunitario y mandató a sus autoridades tradicionales a impulsar el reconocimiento del autogobierno indígena ante el Estado mexicano. Desde entonces, la Clínica Jurídica asumió la representación legal y diseñó la estrategia jurídica que derivó en la resolución del máximo tribunal. El fallo del Alto Tribunal no sólo valida un modelo distinto al municipal, regido por sistemas normativos indígenas, sino que abre la puerta para que otras comunidades puedan acceder directamente a partidas presupuestales públicas como parte del ejercicio pleno de su derecho al autogobierno. Te puede interesar: IEE descontará más de 215 mil pesos a partidos políticos en Puebla Especialistas consideran que la decisión representa un avance sustantivo frente a la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, al fortalecer el pluralismo jurídico y la interculturalidad dentro del marco constitucional. No obstante, también advierten que el reto inmediato será garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia por parte de las autoridades de Chiapas y de los distintos órdenes de gobierno, para que el reconocimiento no quede sólo en el plano jurídico. La determinación de la SCJN podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, al reconocer formalmente estructuras de gobierno comunitario que, históricamente, han operado bajo sistemas normativos propios.
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