El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió un amparo a la notaria pública Norma Romero Cortés, al determinar que el entonces delegado del Infonavit en Puebla, Antonio Kuri Alam, actuó fuera del marco legal al integrar el expediente administrativo 114/2020. De acuerdo con la resolución, la autoridad incurrió en irregularidades al no aplicar correctamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que vulneró el debido proceso. Por ello, el tribunal ordenó reponer el procedimiento, emitir nuevos acuerdos debidamente fundados y recabar pruebas para resolver el caso conforme a derecho, con base en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, se estableció que el proceso deberá realizarse con perspectiva de género y evitar cualquier forma de revictimización hacia la fedataria. El conflicto se remonta a 2020, cuando legisladores federales pidieron investigar a Kuri Alam por presuntamente usar su cargo para desacreditar y obstaculizar el trabajo profesional de la notaria. Según los antecedentes expuestos en la Cámara de Diputados, el origen del conflicto data de 2014, cuando la Notaría Número 4 brindó asesoría legal a una ciudadana en un asunto que habría generado inconformidad de Kuri Alam, entonces empresario. Te puede interesar: Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha controversia de Santo Tomás Hueyotlipan por adeudos a junta auxiliar Posteriormente, al asumir como delegado del Infonavit en Puebla en 2016, presuntamente bloqueó los servicios profesionales que la notaría prestaba al instituto, lo que habría provocado afectaciones profesionales y económicas a la abogada. Romero Cortés también denunció que en febrero de 2020 fue insultada públicamente por el funcionario, quien la llamó “ratera” y le exigió devolver “lo robado”, pese a que los procesos legales promovidos en su contra habían sido resueltos a su favor. Ante esta situación, en diciembre de 2020 presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR). Como resultado, en marzo de 2021 se abrió una carpeta de investigación en la FEVIMTRA para analizar posibles hechos de discriminación y violencia contra las mujeres. En mayo de 2021, Romero Cortés compareció ante el Ministerio Público Federal en calidad de víctima directa y fue informada de que se le reconocía como tal dentro de la investigación, además de que se le ofreció la posibilidad de acceder a mecanismos alternativos de solución de controversias dentro del proceso.
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