Ante el próximo proceso electoral 2027, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhortó a los partidos políticos a evitar la postulación de personas vinculadas con actividades delictivas, al advertir que la infiltración del crimen en cargos públicos representa un riesgo para la gobernabilidad y la seguridad de la población. Armenta Mier apuntó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, por lo que las dirigencias partidistas deben realizar revisiones rigurosas de los perfiles que buscan competir en procesos electorales. Te puede interesar: Anuncia Armenta regreso del voleibol profesional a Puebla con las “Guerreras” Destacó que, desde el Gobierno del Estado, se mantiene una política de cero tolerancia a la delincuencia, así como acciones coordinadas en las Mesas de Seguridad con autoridades federales y municipales para identificar zonas de riesgo y atender fenómenos como huachicoleo, robo de vehículos, narcomenudeo y extorsión. En este contexto, el gobernador advirtió que cuando grupos delictivos logran infiltrar procesos políticos y obtener cargos públicos, se generan redes de complicidad que afectan a la ciudadanía y a la actividad económica. Señaló que existen reportes de empresarios que han denunciado cobros indebidos o presiones irregulares por trámites municipales, lo que refuerza la necesidad de garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía cuenten con integridad y apego a la ley. 
Asimismo, reiteró que su administración continúa con el fortalecimiento de estrategias integrales de prevención social mediante el impulso al deporte, la cultura, la educación y programas de desarrollo social, en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas acciones se complementan con operativos de seguridad y la participación de instituciones federales, estatales y municipales para combatir la delincuencia y proteger a la población. El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de actuar con legalidad, transparencia y responsabilidad pública, al promover procesos democráticos libres de corrupción. |