La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, propuso reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para que los partidos políticos exijan pruebas de control de confianza a las personas que quieran ser postuladas como candidatas a un cargo. La iniciativa fue presentada este jueves 12 de marzo durante la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de Puebla, y plantea reforzar los filtros para postular candidaturas rumbo al proceso electoral 2026-2027. Te puede interesar: Delfina Pozos pide al IEE vigilar espectaculares de aspirantes de Morena rumbo al 2027 Las pruebas de control de confianza ya son aplicadas a las y los policías, por lo cual Delfina Pozos propone que también las candidatas y los candidatos se sometan a estas evaluaciones, con el objetivo de cerrar la puerta al crimen organizado y que las personas electas sean ejemplo de integridad y honestidad. “Que en los partidos políticos también haya lineamientos más firmes, más fuertes y, por supuesto, que estamos totalmente de acuerdo con que le tenemos que cerrar la puerta al crimen organizado, porque los gobernantes tienen que ser ejemplo de integridad, honestidad”, declaró en entrevista. Pozos Vergara consideró necesario que desde el Congreso del Estado se endurezcan los lineamientos y los requisitos de los partidos políticos. “Es una modificación a los lineamientos de los partidos, reforzar esos requisitos que permitan que se les pueda hacer exámenes toxicológicos”, comentó. 
La iniciativa de Delfina Pozos propone incluir en el Código Electoral el requisito para las personas que aspiren a los cargos de diputaciones, gubernatura o miembros de los Ayuntamientos, consistente en contar con la evaluación de control de confianza aprobada y vigente, expedida por autoridad competente en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. La propuesta contradice lo dicho por la diputada del PRI en entrevista ante diversos medios de comunicación, a quienes aseguró que su iniciativa consistía en aplicar pruebas toxicológicas a las y los aspirantes a candidaturas.
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