La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, pidió la renuncia del secretario general Leopoldo de Lara Valera y del director jurídico Jesús Juárez Lezama del Congreso de Puebla, al acusarlos de actuar con dolo e incurrir en errores graves, como no avisar de la controversia constitucional promovida por el gobierno federal en contra de la Ley de Transparencia estatal. Así lo solicitó luego de que el pasado 9 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla, debido a que las y los diputados locales invadieron competencias exclusivas de la Federación. Esto se debe a que la legislación local permite que autoridades estatales conozcan de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de partidos políticos y sindicatos, pese a que estas son atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. De igual forma, el legislador local invadió las facultades de la Federación al establecer reglas para reservar información por motivos de seguridad nacional. Te puede interesar: PAN presenta queja contra secretario general del Congreso de Puebla Solicita remoción del secretario y jurídicoDurante la sesión plenaria de este jueves, la diputada Susana Riestra solicitó que el órgano interno de control del Congreso de Puebla inicie el procedimiento administrativo para remover del cargo al secretario general y al director General de Asuntos Jurídicos de Estudios y de Proyectos Legislativos. Señaló que a las y los diputados nunca se les informó sobre la controversia constitucional 217/2025 promovida por el gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica. Explicó que la bancada de Morena presentó un par de iniciativas para reformar la Constitución y las leyes de transparencia, a fin de eliminar la referencia a los partidos políticos estatales como sujetos obligados y retirar al Instituto Electoral del Estado (IEE) como órgano garante en la materia. Es decir, el grupo mayoritario utilizó los mismos argumentos que expuso el gobierno federal en su demanda.
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