El gobierno federal presentó el denominado Plan B de la Reforma Electoral, que contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de reducir gastos y ajustar la estructura de los órganos políticos. La propuesta será enviada este martes al Senado de la República para su análisis. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la iniciativa plantea establecer límites a los recursos destinados a congresos locales y ayuntamientos, así como topes salariales para consejeros y magistrados electorales, con el fin de que ningún funcionario perciba ingresos superiores al del Titular del Ejecutivo.
Te puede interesar: Congreso de Puebla, entre los menos costosos del país Durante la presentación del proyecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que en el ámbito municipal se propone reducir el número de regidurías a un rango de entre 7 y 15 por Ayuntamiento, dependiendo de la población y características de cada demarcación, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. En el caso de Puebla, que actualmente cuenta con 23 regidores, la medida implicaría la eliminación de ocho espacios en el cabildo.  Para los congresos estatales, la iniciativa contempla un tope presupuestal equivalente al 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. Los recursos que se ahorren por estos ajustes serían destinados a obras de infraestructura pública en municipios y estados. En cuanto a los organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales y órganos locales, se establece que consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán recibir salarios superiores al de la Presidencia de la República. La propuesta también incluye una reducción progresiva del gasto en el Senado de la República de hasta 15 por ciento, así como la eliminación de prestaciones como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales para funcionarios.  Asimismo, se plantea que la elección del Poder Judicial se realice en 2027, y que la consulta de revocación de mandato tenga lugar el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo lo solicite la ciudadanía. En materia de fiscalización, se prevé que el INE pueda firmar convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar aportaciones a campañas cuando sea necesario, además de prohibir el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en procesos electorales. |